Las pensiones de jubilación se parten en dos: las de 650 euros aún mandan, las de 2.000 se disparan

El pleno monográfico sobre pensiones celebrado este miércoles en el Congreso ha puesto de manifiesto el protagonismo alcanzado por esta cuestión en las últimas semanas. Lejos de ser una moda pasajera, esta relevancia ha venido para quedarse, y no sólo por la trascendencia de la pensiones para una parte sustancial -y creciente- de la población, sino también por los datos que el sistema público sigue acumulando para ilustrar las tensiones que afronta.

Tomando los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de pensiones contributivas de jubilación alcanzó en febrero los 5,88 millones de nóminas. Diez años antes ese volumen estaba casi un millón por debajo, en las 4,89 millones de pensiones. Este incremento se refleja a su vez en el importe total de la nómina destinada al pago de las pensiones de jubilación, aunque en distinta proporción, puesto que los 3.960 millones de euros de hace una década han crecido ahora hasta los 6.344 millones. Es decir, un 20% más de pensiones de jubilación se traduce en un 60% más de nómina total.

Estos datos de las pensiones de jubilación, las más sensibles para el conjunto del sistema público porque representan el 61% de todas las pensiones -9,57 millones- y el 71% de la nómina total -8.925 millones de euros-, evidencian que 'algo' ha cambiado en la última década más allá del número de jubilados. Se trata de los importes o las cuantías de las pensiones, cuyos cambios arrojan dos realidades principales: por un lado, que las pensiones más bajas siguen siendo las más habituales, aunque su peso está bajando; y por otro, que el volumen de las pensiones más altas cada vez es mayor, de ahí ese incremento en la nómina total de las pensiones de jubilación. Y todo ello a la vez gesta un problema colosal para el sistema, porque explicar el malestar de las personas con una jubilación más baja al mismo tiempo que evidencia las apreturas del sistema para pagar las nóminas cada mes.

CUESTIÓN DE EXTREMOS...

En febrero de 2008 se contaban 2,97 millones de pensiones de hasta 650 euros al mes, el 60,7% de las existentes entonces. Ahora hay 810.663 pensiones menos en este tramo, 2,16 millones de pensionistas, un 27% menos. Ahora, este grupo representa el 36,7% de todas las pensiones de jubilación, con lo que permanece como el más numeroso.

Centrando el punto de mira en el tramo comprendido entre los 600 y los 650 euros, hay 1,11 millones de jubilados. Es decir, 19 de cada 100 jubilados se sitúan en este tramo, que se convierte así en el más nutrido de todos los que computa la Seguridad Social.

Por encima de los 650 y hasta los 1.000 euros hay 1,29 millones de jubilados, un 107% más que hace una década. Representan el 21,9% del total. Por tanto, en total casi 6 de cada 10 pensiones de jubilación están en 1.000 euros al mes o por debajo; hace 10 años esa proporción llegaba hasta 7,3 de cada 10.

A partir de los 1.000 euros también se registran incrementos apreciables, que son los que conducen al aumento de la nómina total y de la pensión media de jubilación. Entre 1.000 y hasta 1.500 euros hay 1,05 millones de pensionistas por jubilación, un 40% por encima de las cifras de febrero de 2008. Entre los 1.500 y hasta los 2.000 euros hay 610.494 jubilados, un 71% más que hace diez años. Este tramo representa el 10,4% de las pensiones.

Y por encima de los 2.000 euros figuran ya 774.066 jubilados, cuando en febrero de 2008 apenas existían 195.097. Es decir, un incremento del 296% en una década. Semejante salto provoca que este tramo, que apenas representaba el 4% de todas las pensiones de jubilaciones existentes en 2008, suponga ya el 13,1% de todas las pensiones de jubilación existentes.

Es más, hace diez años no había datos de pensiones superiores a los 2.500 euros. Ahora, siempre según los últimos datos recopilados por la Seguridad Social, este tramo incluye a 339.756 jubilados. Incluso 32.900 jubilados cobran más de 2.580,1 euros, que es la cuantía máxima establecida para 2018 y que se puede superar si el jubilado prolonga su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, tal como establece la Ley General de Seguridad Social.

Esta evolución, con un descenso del grupo de pensiones más bajas y un creciente peso de las más altas, es la que explica igualmente que la pensión media de jubilación alcance ahora los 1.077 euros, con las nuevas aproximándose a los 1.400 euros. Hace diez años esa media se situaba en los 821 euros. El incremento, por tanto, asciende al 31%. Esta subida es muy superior a la derivada únicamente por el comportamiento de los precios, puesto que la actualización de esos 821 euros por la inflación, a partir del Índice de Precios al Consumo (IPC), hubiera elevado esa cifra a los 923,6 euros.

PRESIÓN POR TODOS LOS LADOS

Estos datos subrayan el escenario tan complejo que afrontan las pensiones públicas. Porque, al mismo tiempo que constatan la creciente presión que soporta el sistema al tener que afrontar el pago del mayor peso de las pensiones más altas, explican el malestar existente entre los pensionistas con ingresos más bajos, esos 2,16 millones de jubilados que no llegan a los 650 euros, cuyas demandas han crecido en las últimas semanas con marchas por todo el país. El motivo de sus quejas, además de una cuantía que consideran insuficiente, se deriva de la pérdida del poder adquisitivo ahora que las pensiones están desligadas del IPC y quedan vinculadas al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) desde la reforma de 2013, con un mínimo legal de que, como poco, subirán un 0,25% al año.

El sistema soporta una presión total. Por un lado, con el malestar de quienes cobran menos y pierden poder adquisitivo. Y por otro, con una nómina creciente por el mayor número de pensiones más altas

En los momentos más duros de la crisis, con la inflación por debajo del 0%, las pensiones no sólo no perdían, sino que ganaban poder adquisitivo con ese aumento del 0,25%. Sin embargo, con la inflación ya de vuelta desde finales de 2016, esa subida anual del 0,25% no alcanza para contrarrestar el encarecimiento del coste de la vida, con lo que los pensionistas ya están perdiendo poder adquisitivo. Este, de hecho, era uno de los propósitos de la reforma de 2013, con el objetivo de rebajar la presión que está sintiendo el sistema público de pensiones. No obstante, el creciente malestar social ha puesto sobre la mesa de negociación del Pacto de Toledo la posibilidad de recuperar la vinculación de las pensiones al IPC o a otro tipo de fórmula que reduzca la pérdida de capacidad de compra de los pensionistas.

Ahora bien, aunque recuperar su vinculación al IPC defendería la capacidad de compra de las pensiones, no las alejaría demasiado del nivel en el que se encuentran ahora. Con una subida del 0,25%, una pensión de 650 euros subiría a 651,6 euros al mes -teniendo en cuenta las 14 pagas-. Si, por ejemplo, el IPC reflejara una subida de los precios del 2%, ese importe pasaría a 663 euros al mes.

Para el conjunto del sistema, eso sí, este cambio de criterio incrementaría la nómina total de manera sensible. Considerando las 5,88 millones pensiones de jubilación, el aumento alcanzaría los 1.700 millones de euros. Y para el conjunto de las pensiones -9,57 millones- una subida del 2% se acercaría a 2.500 millones adicionales al año. Eso con los datos actuales, porque la suma crecería cada año.