El Gobierno ha desatado una guerra en el sector privado después de que se haya sabido que está estudiando aplicar un IVA del 21% para la sanidad y la educación privada. Un planteamiento que aparece recogido en el borrador de los Presupuestos Generales del Estados (PGE) para 2021 y que no ha parado de recibir opiniones en su contra.
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"Podría llegar a suponer la desaparición del sector", así de tajantes son desde las organizaciones empresariales representativas del sector educativo privado. Según explican en un comunicado si esta medida sale adelante "supondría para las familias que libremente la han elegido un encarecimiento insoportable de este servicio".
Este impuesto vulneraría el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren sus hijos con arreglo a sus convicciones. Un derecho que según recalcan "tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA".
En una línea muy similar se ha pronunciado también la CEOE que añade también a la sanidad privada. "Esta medida atenta contra el derecho fundamental a la libertad de elección de los ciudadanos", detallan los empresarios en un comunicado.
El planteamiento del Gobierno se produce después de que la AIReF haya aconsejado eliminar las actuales exenciones del IVA. Según sus cálculos supondría un coste fiscal de 1.694 millones en educación y 1.763 millones en sanidad aunque desde la CEOE explican que "podría tener un efecto económico contrario al deseado".
Los empresarios además, consideran que este cambio fiscal "dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que está demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia".
"SUPONDRÍA LA PÉRDIDA DE INNUMERABLES PUESTOS DE TRABAJO"
El Gobierno justifica esta medida porque supondría un gran empuje a las arcas públicas en un momento de crisis económica. Sin embargo, desde el ámbito educativo denuncian que "supondría la pérdida de innumerables puestos de trabajo" debido al cierre de la gran mayoría de los centros privados.
"Esto no solo se traduciría en una menor recaudación por IRPF de estos trabajadores, sino también en mayores costes en prestaciones por desempleo", especifican las asociaciones educativas.
