Las cuentas de Báñez salen... si los pensionistas pierden poder adquisitivo

Báñez realizó este pronóstico el mismo día que se publicó la última nómina de las pensiones. El 1 de noviembre se desembolsaron 8.598 millones de euros, un nuevo récord para la Seguridad Social. En los once primeros meses del año son más de 94.000 millones de euros. Y queda una mensualidad más, que elevará el gasto hasta el 10% del PIB. También enciende la alarma el dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) que prevé que el porcentaje de población de 65 y más años pase del 18,7% actual hasta el 34,6% en 2066.

Aunque esta proyección del INE requiere el matiz de que la jubilación se retrasará hasta los 67 años, prácticamente supone duplicar el número de jubilados. Y sólo aumentaría en un punto porcentual la ratio entre gasto en pensiones y PIB, según Báñez. Es decir, o se acelera mucho el crecimiento durante las próximas décadas, o necesariamente para que se cumpla su estimación caerá el numerador (las pensiones). O las dos cosas.

UN SISTEMA “PREPARADO PARA EL FUTURO”

La ministra ha defendido que el sistema es “fuerte, sostenible y preparado para el futuro”, y que la corrección reciente se debe a la pérdida de puestos de trabajo en los peores momentos de la crisis, una tendencia que ya se ha revertido. Sin embargo, la realidad es que el Estado ha tenido que echar mano con asiduidad al Fondo de Reserva o 'hucha de las pensiones' en los últimos tiempos. La caja ha pasado de contar con 71.000 millones de euros a apenas 25.000 millones.

La gran mentira que no se ha contado es que que la última reforma provocará que los pensionistas pierdan de media cada año un 5% de su poder adquisitivo desde 2018

Las previsiones apuntan a que la caja se vaciará a lo largo de los dos próximos años. “Nosotros estimamos que será en 2018. Hay que tener en cuenta que este fondo se creó para utilizarse cuando se jubilara la generación del 'baby boom', entre 2020 y 2030, y se va a agotar mucho antes”, recuerda Gregorio Gil de Rozas, experto en pensiones de la consultora Willis Towers Watson.

Báñez ha reiterado que recurrir al Fondo de Reserva es legal y seguirá haciéndose “con normalidad”, ya que “es un medio y no un fin”. No obstante, cree que la necesidad que lleva a este uso, que es el déficit de la Seguridad Social, es algo coyuntural. “España es el país mejor preparado de Europa hasta 2060 en gasto público en pensiones sobre el PIB”, defiende, con un 11% estimado para esa fecha.

La titular de Empleo y Seguridad Social reconoce que la jubilación del 'baby boom' supondrá un desafío para el sistema durante las dos próximas décadas, pero su efecto se disipará a partir de 2050. Esta visión coincide en fechas con la simulación a largo plazo de la pirámide poblacional publicada en octubre por el INE: la tasa de dependencia (población menor de 16 años o mayor de 65 respecto a la población en edad de trabajar) se elevará desde el 53,3% actual hasta el 87,7% en 2066. Entre medias, en 2051 se situará en un máximo del 92,9%, si se cumplen estas proyecciones, para bajar desde ese momento.

Las cuentas de Báñez salen sólo si el escenario de la economía española de las próximas décadas es de una inflación anualizada en el 3% en promedio, según las estimaciones del estudio 'Finanzas públicas e inflación: el caso de España' de los economistas del Banco de España Pablo Hernández de Cos, Samuel Hurtado, Francisco Martí y Javier J. Pérez. Estos expertos ponen el foco en la inflación. Si los precios aumentan más, se alivia la sostenibilidad de las pensiones. Con baja inflación como en la actualidad (escenario de inflación del 0,25% de media), el gasto en pensiones del PIB se dispara hasta el 16% del PIB en 2060.

La razón es sencilla. La última reforma en pensiones del PP, ejecutada a inicios de la anterior legislatura aprovechando la mayoría absoluta en el Congreso, desvincula la revalorización de las pensiones de la inflación. Así, mientras que los ingresos de la Seguridad Social dependerán mayoritariamente de la evolución de los precios (salarios), las pensiones crecerán a un ritmo más lento en condiciones normales, por la novedad que supone el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. El cálculo se realizará teniendo en cuenta -con una relación inversa- la esperanza de vida, el promedio de las últimas 11 variaciones de las pensiones y el saldo de la Seguridad Social.

El problema a corto y medio plazo es la sostenibilidad (por la tendencia de la hucha de las pensiones), pero a largo plazo más que esto el problema es la adecuación. Se va a pagar muy poco

“La gran mentira que no se ha contado es que la última reforma provocará que los pensionistas pierdan de media cada año un 5% de su poder adquisitivo desde 2018. La gente necesita saberlo para que planifique su pensión. El sistema no va a desaparecer, pero las pensiones serán menores”, advierte Gil de Rozas.

“El problema a corto y medio plazo es la sostenibilidad (por la tendencia de la hucha de las pensiones), pero a largo plazo más que esto el problema es la adecuación. Se va a pagar muy poco”, apunta en el mismo sentido Diego Valero, presidente de la consultora especializada en pensiones Novaster y profesor en la Universidad de Barcelona y en la London School of Economics. “El factor de sostenibilidad implica una caída del poder adquisitivo de las pensiones”, añade.

Báñez puede así presumir de sostenibilidad, pero el coste es el poder adquisitivo futuro de los jubilados. Un informe de la Unión Europea publicado el pasado año, y en el que participaron en su elaboración funcionarios españoles, pone el acento en este sentido: la tasa de reemplazo o sustitución, que mide el porcentaje que representa la pensión frente al último salario percibido, se situó en 2013 en el 79% en España. A partir de ahí, el estudio proyecta una clara tendencia a descender hasta el 48,6% en 2060, fecha en la que la ministra prevé que el gasto en pensiones se sitúe en el 11% del PIB. Entre medias, la tasa de sustitución se reducirá paulatinamente pasando por el 73,6% en 2020; 66,1% en 2025; 60,6% en 2030; 58,3% en 2035; 56,1% en 2040; 53,6% en 2045; 51,7% en 2050; y 49,9% en 2055.

ALIVIO... VÍA IMPUESTOS

Báñez, además de defender la salud del sistema, ha planteado dos reformas para aumentar su sostenibilidad. Ambas pasan no por recortar, sino por cambiar el pagador. Por una parte, pone encima de la mesa la posibilidad de que la reducción de cotizaciones a través bonificaciones (tarifas planas) se financien a través de impuestos en vez de desde la Seguridad Social. “Es algo positivo. Para mí es subsanar un error, ya que nunca tendría que haber sido así”, señala el analista de Willis Towers Watson, con el que coincide Valero.

El presidente de Novaster, no obstante, cuestiona la otra medida sobre la que ha hablado la ministra como posibilidad para quitar carga a la Seguridad Social: que los presupuestos sean los que financien las pensiones de orfandad y viudedad. Nuevamente, que se paguen con impuestos en vez de con cotizaciones. “No tiene sentido, es pasar de un sitio a otro el gasto sin tocarlo. A no ser, que se realice porque en el futuro sea más fácil políticamente recortar estas pensiones si se financian vía impuestos, y por lo tanto es un primer paso en esa dirección”, argumenta Valero.