La Generalitat de Cataluña ha anunciado que hará uso de las competencias que tiene en materia de derecho civil para facilitar el acceso a la vivienda y regulará los arrendamientos urbanos con una normativa que irá más allá del decreto ley que aprobó el pasado viernes el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La reforma del Código Civil de Catalunya para regular los arrendamientos urbanos limitará las subidas del precio de los alquileres.
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Asimismo, tal como ha señalado la consellera de Justícia, Ester Capella, se incluirían modificaciones para alargar su duración, que prevé establecer contratos de entre seis y diez años. Estas decisiones se contraponen con las del Gobierno socialista, que no limitará las rentas y sólo regulará las actualizaciones anuales, ligándolas al IPC.
El Govern prevé que la nueva norma se pueda votar en el Parlament antes de finales de año. Posteriormente, el proyecto de ley dará facultades a la conselleria de Territori, que actualmente gestiona vivienda, para que limite el precio del alquiler o dé a los ayuntamientos la prerrogativa para poner coto a los incrementos.
La Generalitat justifica la necesidad de regular el alquiler por las subidas de los arrendamientos, fundamentalmente, en el área de Barcelona, donde se han disparado un 38% en los últimos cinco años. O, lo que es lo mismo, el incremento es de 270 euros de media, que ha devuelto a los precios a los niveles máximos que alcanzaron antes de la crisis.