La factura de la crisis catalana supondrá hasta 700 euros para cada español

La incertidumbre no es buen augurio para el dinamismo de la actividad económico. Y esto se está dejando notar en Cataluña. La crisis política ha incentivado el cambio de domicilio social de 2.000 empresas y las previsiones dibujan una factura económica que pagarán tanto los catalanes como el resto de españoles.

La última proyección encima de la mesa llega desde el Banco de España (BdE). El supervisor gobernado por Luis María Linde dibuja dos escenarios en los que hay un deterioro del Producto Interior Bruto (PIB). El organismo ha ido más lejos que el resto de previsiones publicadas hasta ahora: si se mantiene la tensión de forma “severa y prolongada” el daño superará los 31.000 millones de euros. Por lo tanto, cerca de 700 euros por cada español.

En concreto, el BdE cree que en este caso el crecimiento previsto se reducirá en torno al 60% en el periodo que comprende entre finales de 2017 y 2019. Aunque la peor parte se la llevaría la propia Cataluña, que estaría en recesión en “buena parte del horizonte analizado”. Esto contrasta con los ritmos de expansión superiores al 3% interanual que ha exhibido hasta el 1 de octubre, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Centro de Predicción Económica (Ceprede).

Así, el desafío independentista del Govern de la Generalitat, cuyos miembros han sido cesados al aplicarse el artículo 155 y serán juzgados por la Audiencia Nacional por los cargos de sedición, puede llevar a la economía catalana desde una posición de liderazgo en el crecimiento con ritmos de más del 3% -en el tercer trimestre, sólo menos que la Comunidad Valenciana- hasta una contracción del PIB. De hecho, lo que suceda con la región supone “la principal incertidumbre actual”, que se ha disparado hasta niveles sólo vistos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 o con la crisis de deuda en 2011 y 2012.

El supervisor ha alertado de estos riesgos en el ‘Informe de Estabilidad Financiera’, en el que menciona 30 veces a Cataluña, cosa que no hizo en mayo. El estudio, que es semestral, también señala que durante el cuarto trimestre habrá una actualización de las proyecciones económicas. En las últimas, apuntó a un crecimiento real de la economía española del 3,1% en 2017, del 2,5% en 2018 y del 2,2% en 2019. Pero para calcular la evolución del PIB se necesita el crecimiento nominal -sin descontar la inflación-. En este sentido, los ritmos de expansión esperados eran del 4%, 3,9% y 3,6% respectivamente.

Si “el escenario de tensionamiento es más severo y prolongado”, el BdE habla de 2,5 puntos porcentuales de PIB acumulado entre finales de 2017 y 2019

La economía generó una riqueza valorada en 1,118 billones de euros en 2016. Con el crecimiento previsto en marzo por parte del BdE, el PIB cerrará 2019 en 1,252 billones de euros. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que la población permanezca estable en torno a los 46,4 millones de personas durante los próximos años. Así, el PIB per cápita pasaría desde los 24.106 euros hasta los 26.986 euros.

Pero el propio Banco de España ya no da por válidas estas previsiones, sino que les resta entre un 0,3% y un 2,5% del PIB en apenas 27 meses. La primera cifra es en un escenario benigno, de “tensionamiento transitorio y acotado de la incertidumbre”. La factura sería por lo tanto de 3.760 millones de euros, algo más de 80 euros para cada español. Pero si “el escenario de tensionamiento es más severo y prolongado”, habla de 2,5 puntos porcentuales de PIB acumulado. Esto es, un golpe de 31.300 millones de euros, lo que supone una cantidad de 675 euros por cada español. Aunque la factura no tendrá un reparto equitativo, ya que los catalanes se llevarían la peor parte.

REVISIONES A LA BAJA

El problema es que Cataluña ha obligado a los economistas a revisar sus proyecciones. Este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica los datos de paro registrado y afiliación de octubre en lo que supone la primera estadística oficial que recoge cifras posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre, después de que en el tercer trimestre la región copó el 20% del empleo generado en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro registrado se incrementó en 56.844 personas en octubre en el conjunto de España, mientras que en Cataluña se elevó en 14.698 parados registrados, el doble que el mismo mes del año anterior. Por otro lado, la región registró el pasado mes el mayor número de concursos de acreedores, con el 21% del total, según Axesor.

Además, el cambio de sede social alcanza ya las 2.000 empresas catalanas, pero no el impacto de este éxodo ni los posibles frenazos del consumo, el empleo, la inversión o el crédito. Sí se sabe que los ahorradores han retirado depósitos de las sucursales catalanas, con una fuga de 4.000 millones en un día, según la ministra Dolors Montserrat. Mientras que los inversores sacaron en un mes 800 millones de euros netos de los fondos de las principales gestoras catalanas.

Con el inicio de la huida de empresas en la semana posterior al 1 de octubre, el economista David Veredas, de la consultora Vlerick Business School, estimó un impacto de 6.000 millones de euros en el PIB catalán en favor de otras regiones. Por su parte, un estudio difundido por la Cámara de Comercio eleva esta cifra a más de 11.000 millones de euros sólo con las 62 empresas más grandes que han salido de la región.

Sin embargo, los expertos coinciden en que esto no será un juego de suma cero. Es decir, no habrá simplemente un trasvase de PIB, sino que se destruirá riqueza. O, mejor dicho, se generará menos de lo esperado anteriormente. El propio Gobierno de Mariano Rajoy redujo su previsión para 2018 del 2,6% al 2,3%, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizó una estimación inicial de entre el 0,4% y el 1,2% del PIB. Es decir, hasta 13.400 millones de euros. La expansión de la economía española se podría reducir desde el 2,3% hasta el 1,5%, advierte el ‘sheriff fiscal’, que recuerda que el impacto siempre podrá ser mayor en función de cómo se comporte la propia economía catalana -lo que llama ‘shock idiosincrático’-.

Un menor crecimiento repercute en todas las variables como el empleo, los salarios, el consumo o los beneficios empresariales. También tiene muchos efectos colaterales, como la parálisis en la negociación política de los Presupuestos de 2018 o el olvido de reformas clave como la financiación autonómica y la de pensiones. Asimismo, se complica el cumplimiento del objetivo de déficit por parte de España, que debe cerrar con un desequilibrio presupuestario que no supera el 3,1% y el 2,2% en 2018, año para el que el Ejecutivo asume por ahora el desvío de una décima que la AIReF amplía hasta un rango de entre 2 y 5 décimas.

AGENCIAS DE ‘RATING’ Y BANCOS DUDAN CON ESPAÑA

(Las previsiones) permiten evidenciar los significativos riesgos y costes económicos de la situación provocada por las iniciativas independentistas en Cataluña

Las agencias de ‘rating’ aún no han actualizado sus previsiones de crecimiento como para cuantificar un daño palpable en la economía, pero sí han mandado infinidad de alertas. Esta misma semana, S&P ha descartado tras la aplicación del artículo 155 que la calificación crediticia de la deuda española se vea afectada, pero advierte del riesgo de una “caída sostenida” en los negocios y en la confianza del consumidor. Moody’s ratificó la nota de solvencia en Ba3 de Cataluña -bono basura, a tres escalones del grado de inversión- e indicó que la crisis ya se nota en la inversión y el turismo. Fitch, por su parte, fue menos benevolente, ya que sí ha advertido de un riesgo de que empeore la calificación de España si persiste la crisis.

En las grandes entidades financieras también ha habido movimiento. “El Gobierno ya ha reducido la previsión de crecimiento y algunos analistas piensan que será mayor la desaceleración. Seguramente es pronto para decir algo, pero cuanto más tarde en resolverse el asunto más efecto habrá en la actividad económica”, señaló José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, en la presentación de los resultados trimestrales del grupo. En Bankinter han rebajado en tres décimas sus proyecciones de PIB hasta niveles del 2,5% durante los dos próximos años. Los expertos señalan una pérdida de una décima por el impacto de la incertidumbre en el conjunto de la economía y otras dos décimas por el "impacto inferido por el freno de la actividad en Cataluña". "Los primeros datos apuntan a caídas de al menos el 20% de la actividad (reservas hoteleras y aéreas, compraventa de viviendas, etc), añade en un informe el equipo de análisis de Bankinter.

Desde la City se mira a España asumiendo un menor crecimiento. Oxford Economics ha rebajado dos décimas su previsión hasta el 2,5% en 2018. Y Barclays considera probable que inicialmente el crecimiento del PIB de Cataluña se reduzca desde niveles del 3% hasta entornos del 2%. La repercusión para el conjunto de la economía será de entre 2 y 5 décimas del PIB el próximo año desde el 2,7% de crecimiento que esperaba antes para 2018. Aun así, considera positiva la convocatoria de elecciones autonómicas en la región para el 21 de diciembre que decidió el Gobierno, al aplicar el artículo 155 con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, y ve probable que finalmente el crecimiento esté cerca del 2,5%, lo que reduciría el daño a unos 2.200 millones de euros. En el rango alto de la horquilla, si no se disipa la tensión con las urnas, el deterioro es de 5.600 millones de euros en el próximo ejercicio. Es decir, entre 47 euros y 120 euros por cada español en 2018, con la peor parte nuevamente en Cataluña.

El Banco de España recuerda que las estimaciones “deben tomarse con cautela e interpretarse a título meramente ilustrativo y provisional, dado que dependen de los supuestos realizados a la hora de construir diferentes escenarios”. Además, igual que se han pronunciado agencias de ‘rating’ y las grandes casas financieras, considera que la adopción del artículo 155 ha permitido una “moderación” de la tensión, según ha observado en los precios de los activos financieros -por ejemplo, el Ibex y el precio del bono español a 10 años acabaron subiendo en octubre-. No obstante, los investigadores del supervisor asumen el papel de ‘ciencia lúgubre’ que se suele achacar a la economía: “(Las previsiones) permiten evidenciar los significativos riesgos y costes económicos de la situación provocada por las iniciativas independentistas en Cataluña”.