- La crisis económica ha sido el principal factor para la aceptación de los consumidores
- Blablacar, Airbnb, Homeaway o Uber se han encontrado con dificultades administrativas para la expansión de su negocio en España
La tecnología corre, la economía anda y la legislación está sentada. Una fórmula compleja para el sector del consumo colaborativo, que ha generado en los últimos tiempos un elevado número de sanciones por parte de la administración hacia este tipo de empresas.
No obstante, el éxito de esta tendencia entre los consumidores es evidente. Las compañías encargadas que operan en este sector han vivido un crecimiento exponencial, con un modelo de negocio sencillo, poner a disposición del usuario la compra o alquiler de algún producto de segunda mano, financiar proyectos, alojamiento en casas de particulares o, incluso, compartir trayectos en coche. Un listado de posibilidades que tiene dos objetivos: el ahorro, en el caso del demandante, y la rentabilidad de un bien o servicio, por parte del usuario oferente.
Plataformas como Blablacar, Uber, Airbnb o Homeaway unen a ambas partes y generan un escenario de confianza y seguridad para que se produzca esta transacción. Miguel Ferrer, experto en economía colaborativa y director de asuntos públicos de Kreab, define este concepto como “una tendencia económica que se caracteriza por una forma de consumo de bienes y servicios que, a través de plataformas digitales, redes de usuarios interaccionan entre ellos ofreciéndose bienes y servicios de una forma eficiente”.
UNA EXPANSIÓN GRACIAS A LA CRISIS ECONÓMICA Y LA FACILIDAD DE INTERNET
La dependencia de internet en nuestra vida y la crisis económica han ayudado a potenciar la economía colaborativa. La crisis ha llevado a plantear nuevas maneras de consumir por parte de la población. Es decir, nuevos hábitos de consumo.
Los datos que ofrece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntan que este fenómeno ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años y que desde 2000 a 2015 presenta, además, un "enorme potencial futuro". Su informe de marzo de 2016 apunta que las iniciativas relacionadas con la economía colaborativa acumularon una inversión de 25.972 millones de dólares a escala mundial.
La crisis económica ha llevado a plantear nuevas maneras de consumir por parte de la población
La evolución ha sido especialmente rápida en la última época, donde se ha pasado de los 1.820 millones de dólares de 2013 a 8.489 millones en 2014 y 12.890 millones entre enero y septiembre de 2015.
En esta misma línea, el Foro Europeo de Economía Colaborativa (Eucolab), celebrado en septiembre de 2016 en Bruselas, señaló que las plataformas del sector obtuvieron 28.000 millones de euros en ingresos brutos en 2015. Los expertos europeos indican que la economía colaborativa aumentará, en el próximo año, un tercio en el continente y serán más de 150 millones de europeos los que participarán de este modelo económico.
Un fenómeno que ha llegado para quedarse. El 5% de la población europea ya participa en la economía colaborativa y, como destaca Eucolab, los españoles se encuentran a la cabeza de este listado con un 6% de sus ciudadanos que hace uso de esta mutua cooperación.
Miguel Ferrer analiza este escenario apuntando que “la sociedad española cada vez tiene más asumida que dentro de las posibilidades de consumir bienes y servicios, existe la posibilidad de acceder a una oferta realizada por personas que puede ser más rápida y económica”, indica.
MÁS CRECES, MÁS TE VIGILAN
La fricción entre el nuevo modelo y los competidores tradicionales no ha tardado en producirse. Empresas y trabajadores anteriores a la economía colaborativa muestran su descontento al legislador, por los obstáculos burocráticos y obligaciones que las plataformas digitales poseen de una manera diferente o no existen directamente.
La administración española ha tenido que tomar cartas en el asunto porque, sobre todo, se han visto afectado dos sectores muy influentes en el país: el transporte y el hotelero. “En ambos casos se han producido medidas sancionadoras y normas que además de injustificadas resultan poco pragmáticas para el futuro”, apunta el experto en economía colaborativa. Casos recientes como lo ocurrido en Madrid y Barcelona lo demuestran.
COMUNIDAD DE MADRID VS BLABLACAR
Una de las claves para que la economía colaborativa no entre en conflicto directo con los modelos tradicionales es que no exista ánimo del lucro por parte del oferente. Una circunstancia que es vigilada con lupa por parte de la administración.
El caso de la Comunidad de Madrid y Blablacar ejemplifica este hecho. La compañía de coches compartidos y dos de sus usuarios fueron sancionados por la administración madrileña tras considerar que ambos conductores estaban generando un beneficio con esta actividad.
Para realizar una actividad de coche compartido no puede existir ánimo de lucro y debe realizarse de manera ocasional, apunta la Comunidad de Madrid
La sanción para la compañía asciende a 8.000 euros, mientras que la dirigida a sus conductores es de 4.000 euros, respectivamente. Una multa que para Jaime Rodríguez, country manager de BlaBlaCar en España, “sorprende en sí mismo, va en contra de la legislación europea y, por supuesto, está recurrida en España y ante la Comisión Europea”, porque apunta que “la Comunidad de Madrid entiende que nuestros usuarios están realizando un trabajo de transporte profesional, y en este aspecto se equivoca”.
Paralelamente, la Confederación de Transporte en Autobús (Confebus) demanda a Blablacar y reclama el cese de su actividad por competencia desleal. Ambos asuntos ponen en manos de la justicia la actividad de la plataforma digital. “Nosotros tenemos un equipo de más de 100 personas revisando comportamientos anómalos de nuestros usuarios”, asegura el country manager de BlaBlaCar en España. “El objetivo nuestra actividad es clara: compartir los gastos del viaje sin que exista beneficio”, recuerda Jaime Rodríguez.
Pero la Comunidad de Madrid difiere de estos argumentos. Como señala Pablo Rodríguez Sardinero, director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, “tras analizar un muestreo de varios usuarios de la compañía, donde existió obstrucción a la inspección, se observaron dos casos donde se consideró que se estaba realizando un servicio de transporte público, porque existía lucro y se realizaba de manera habitual”, y por lo tanto, al no tener licencia para ello se considera vulneración los artículos 140.2 y 141.7 de la Ley de ordenación de los transportes de 1987.
Desde Blablacar apuntan que en ambos casos “no se superaban los 14 céntimos de euro por kilómetro. Lejos, por ejemplo, de los 28,02 céntimos que establece el Observatorio del Transporte y la Logística en España”, señala Jaime Rodríguez. La Comunidad de Madrid discrepa de esta cifra y apunta que los conductores cobraban un precio por encima de los 19 céntimos por kilómetro, el baremo establecido por Fomento, “además de realizar un trayecto más que sospechoso”, apunta Pablo Rodríguez Sardinero.
Un conflicto que, según reconocen ambas partes a Bolsamanía, tienen intención de solventar. “La Comunidad de Madrid no está en contra del transporte colaborativo y estamos preparando una normativa que se adapte a esta nueva tendencia”, señala el director general de Transportes haciendo referencia asimismo a 'la eterna batalla' entre Uber y el sector del taxi. Por su parte, el country manager de BlaBlaCar asegura que “trabajaremos junto a ellos para lograr que nuestra actividad se regularice”.
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA VS HOMEAWAY/AIRBNB
Un aspecto que demuestra el problema con el que se encuentra el sector en España es la diferencia legislativa por comunidades. Y uno de los ejemplos más claros es la normativa existente sobre el alquiler de viviendas para uso turístico por parte de particulares. Desde la propia CNMC consideran que este escenario “limita la presión competitiva en el mercado y genera una pérdida de bienestar para la sociedad”.
Un contexto que ha generado sanciones. El Ayuntamiento de Barcelona anunció una multa el pasado 24 de noviembre a las plataformas Airbnb y Homeaway con 600.000 euros a cada una por seguir anunciando pisos turísticos sin licencia registrada en el Registro de Turismo de Cataluña (RTC).
Desde el consistorio explican a Bolsamanía a través de un comunicado que “ambas empresas ignoraron el primer requerimiento por incumplir la normativa y se les impuso una sanción de 30.000 euros a cada una. Atendida la reincidencia, la tipificación de la infracción pasa de ser de grave a muy grave, por lo tanto, son sancionados con el máximo previsto por la Ley de Turismo, teniendo en cuenta el número de anuncios publicados, 3.812 Airbnb y 1.744 Homeaway, además del beneficio económico que obtienen”.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona destacan que se ha rastreado a ambos portales con un sistema conocido como 'araña-web para detectar la oferta de pisos turísticos ilegales
Desde Homeaway han mostrado su disconformidad con esta posición. Un portavoz de la compañía asegura a este medio que “esta ciudad ha sido la única que ha sancionado nuestras prácticas. La obligación legal como plataforma viene recogida en la directiva europea sobre el comercio electrónico y su transposición nacional”.
Desde la compañía de alquiler vacacional colaborativo se apunta que en esa normativa se establece que “somos un canal de comunicación entre demanda y oferta y nuestra labor no es de verificación previa de si los pisos que se anuncian cuentan con el número de RTC". "Por lo tanto, la multa del Ayuntamiento de Barcelona a Homeaway es injusta porque no tiene competencia sobre internet”, indica el representante de la compañía.
Además, desde la plataforma digital se reclama “una mayor implicación por parte del Gobierno central en esta temática, ya que existe un caos entre la diferencia de normativas autonómicas y que, asimismo, incentiva la continua campaña de desprestigio del lobby hotelero hacia nuestra actividad”, apunta el portavoz de Homeaway.
Un desencuentro que promete extenderse. “La primera multa de 30.000 euros fue recurrida y pagada. En esta ocasión, recurriremos al Contencioso-Administrativo”, apunta desde Homeaway. Añaden, eso sí, su “predisposición a sentarse en una mesa para solucionar este hecho”. Por su parte, desde el Ayuntamiento que dirige Ada Colau señalan que “este tipo de infracciones se detectaron con la herramienta informática araña-web para detectar la oferta de pisos turísticos ilegales y continuará operativo”.
¿REGULARIZACIÓN?
Ambos ejemplos muestran la necesidad de una revisión del sector. La creciente demanda por parte de los usuarios exige al Gobierno central y a los autonómicos a consensuar un escenario que sea capaz de satisfacer a las plataformas digitales y a los actores de los negocios tradicionales.
El futuro es la convivencia de ambos sistemas. Para ello, el proceso de regularización e igualdad de competencia se convierte en necesario, para que la batalla legal de paso a una batalla por el mercado que terminará por beneficiar a los consumidores.
