La CNMC investiga a empresas y sindicatos de la estiba en Vigo en pleno conflicto

Las empresas investigadas por posibles prácticas anticompetitivas son Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres Marítima y los sindicatos en el punto de mira de Competencia son UGT, CCOO y la Confederación Intersindical Galega (CIG).

La infracción consistiría en un pacto extraestatutario, firmado por estas entidades en 1996, para la regulación de las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el puerto gallego, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación "desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba portuaria", según recoge la Agencia EFE.

Las conductas analizadas tienen su origen en la información remitida a la CNMC por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, ha señalado el órgano regulador en un comunicado.

Tras la detección de indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia, el órgano regulador ha acordado la apertura de un expediente sancionador por una presunta infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

LA CNMC 'AL RESCATE' DE FOMENTO

Precisamente, lo que busca el Ministerio de Fomento es la liberalización del sector de la estiba para poner fin al monopolio en la carga y descarga de los puertos españoles, y acatar así la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La resolución instaba a España a reformar el sistema portuario español, que permitiese su liberalización y, por tanto, el libre acceso al mercado de trabajadores y empresas.

Las conductas analizadas tienen su origen en la información remitida a la CNMC por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo

La sanción por la demora de la nueva ley asciende hasta 21,5 millones de euros y si el Gobierno mantiene el sistema actual podría enfrentarse a otra sentencia del TJUE con un coste de 134.100 euros diarios hasta que cambie la regulación de este mercado laboral, según apunta Fomento.

La reforma que ha impulsado Fomento está en plena negociación entre las centrales sindicales, las señalados por Competencia más la mayoristaria Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y la patronal. El departamento de Íñigo de la Serna ha dado un poco más de margen a ambas partes para que presenten un acuerdo antes del Consejo de Ministros del próximo viernes 24 de febrero, frente a la pretensión inicial de presentarlo este viernes. El PP no tiene los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta medida y se ha visto abocado a dar más tiempo a ambas partes, después de que PSOE, Ciudadanos y Podemos no hayan apoyado las exigencias de Fomento.

Si acaba aprobándose en el Congreso de los Diputados, las Autoridades Portuarias deberán abonar también un máximo de 350 millones de euros en posibles indemnizaciones a los 6.156 estibadores actuales. La ley que plantea el departamento de Íñigo de la Serna permite que las empresas puedan sustituir libremente a un 25%, 50% y 75% de los actuales estibadores durante los tres próximos años.

Lo que separa hasta ahora a ambas partes es la propuesta de los estibadores de crear un registro para los trabajadores que quieran acceder al sector, una cuestión que Fomento ya ha señalado en diversas ocasiones es contraria a la sentencia del TJUE. Los sindicatos convocaron paros parciales los días 20, 22 y 24 de febrero, pero tras el ofrecimiento de Fomento de no llevar al Consejo de Ministros de este viernes el Real Decreto desconvocaron la huelga a última hora de la tarde del miércoles.