Jorge Onrubia (UCM): "El 'España nos roba' es un cúmulo de propaganda sin sustento económico"

El comité de expertos estuvo formado por 21 personas designadas por el Gobierno y por los ejecutivos autonómicos del régimen común, a excepción de Cataluña. La Generalitat decidió no participar en medio de su deriva independentista, lo que precisamente supone un riesgo para la reforma. No obstante, Montoro se comprometió el miércoles en el Congreso a abordar cuanto antes este proyecto a partir del ‘Informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica’.

Jorge Onrubia asegura en una entrevista con ‘Bolsamanía’ que se “ha allanado el terreno a la negociación política”. En su caso, defiende la existencia de transferencias para una nivelación parcial entre regiones basada en la solidaridad, pero manteniendo siempre el principio de la ordinalidad: que el ranking por capacidad recaudatoria coincida con el de recursos. Asimismo, niega “agravios” contra ninguna región y recuerda que “no hay estrangulamientos financieros”.

Pregunta: En torno al modelo de financiación autonómica ha habido muchas críticas, especialmente desde Cataluña con mensajes como ‘España nos roba’ o los 16.000 millones de euros que alega la Generalitat que tiene de saldo fiscal negativo como el resto del país, ¿hay algo de verdad en esto?

Las regiones que tienen un PIB per cápita por encima ​de la media ​son netamente aport​antes al sistema, y las que tienen un PIB per cápita por debajo son receptoras netas

Respuesta: Es un cúmulo de propaganda sin ​el más mínimo ​sustento económico. Las regiones que tienen un PIB per cápita por encima ​de la media ​son netamente aport​antes al sistema, y las que tienen un PIB per cápita por debajo son receptoras netas. El problema ​de la equidad ​no es regional​, sino personal​. Si se agrupan por territorios un mayor número de personas con rentas más altas que la media​, con un sistema progresivo,​ ​es evidente que esos territorios más ricos ​pagarán impuestos en mayor proporción que los que tienen rentas más bajas. Esto es lo que da el resultado final​. Es una regla indiscutible de cualquier meta de equidad interterritorial. Otra cosa es ​cuánta redistribución interregional se quiere y esto depende esencialmente del ​grado de nivelación que queramos aplicar, que no depende de criterios económicos, sino de cuestiones de preferencia social ​del conjunto de los españoles.

P: Es una crítica muy instalada en Cataluña…

R: Si exceptuamos los procesos de descolonización, que no es el caso, no conozco ninguna región del mundo con renta más baja en términos relativos que el Estado al que pertenece que quiera la independencia. Siempre se establecen agravios para hablar de pura y dura insolidaridad interterritorial​. En España es difícil ​argumentar con generalidad sobre solidaridad regional existiendo el sistema foral​, a través de los cálculos ‘oscuros’ ​​del cupo vasco y la aportación navarra​. No solamente impide que esas dos comunidades financien suficientemente los servicios que en sus territorios presta el Estado, sino que además les exime de participar en la solidaridad interregional. Esa realidad incentiva​ que otras comunidades​ quieran lo mismo.​ Si uno ve el presupuesto de Madrid​ de 2017​, se ​destinan a la solidaridad territorial por nivelación 3.800 millones de euros. Este tipo de reivindicaciones desde ​el gobierno de ​Cataluña ​resultan bastante hirientes.​ La discusión sobre la desigualdad y la redistribución tiene sentido desde una perspectiva personal y no espacial. Si aceptamos la progresividad del sistema tributario, pero preguntamos a los individuos con mayor renta, estos opinarán que reciben mucho menos de lo que pagan y debe ser así.

P: En su caso, ¿qué tipo de nivelación cree que debe tener el sistema?

R: Puede ser total o parcial, mi posición está a favor de la segunda opción. Hay que garantizar que ​el sistema proporcione recursos ​suficientes para los servicios públicos fundamentales​. Que los euros por habitante, una vez ajustadas las diferencias de necesidades entre territorios, sean los mismos. En cambio, en los servicios públicos no fundamentales ​soy partidario de que existan ​márgenes ​que mitiguen los desincentivos que provocan los impuestos. Ese margen es indispensable ​para​ promover una mayor eficiencia en la gestión​ ​pública. ​Los ejecutivos autonómicos deben conseguir ganancias de eficiencia y rendir con ello cuentas ante los votantes. Esto es algo inherente al federalismo fiscal.

P: Si se quiere analizar el déficit fiscal de una región, ¿es mejor usar el modelo carga-beneficio como hacen los informes que publica el Ministerio de Hacienda o por flujo monetario como la Generalitat?

R: Las cuentas territorializadas ​que difunde el Ministerio de Hacienda y Función Pública ​es el método correcto, que usa carga-beneficio. Sin que yo piense que las balanzas fiscales sirvan para mucho​, ya que tienen más de arma arrojadiza que de grandes respuestas a problemas económicos​, ​desde luego este método es lo mejor que se puede hacer​ desde principios económicos para obtener esos saldos territoriales. ​Acepto que puede​n​ servir como pedagogía, porque es necesario desmitificar mensajes ​como el ​de ‘España nos roba’ o ​para tratar de evitar un país de agravios multilaterales. Porque también podría establecerse ​esa discusión absurda ​para provincias, como en Cataluña entre Barcelona y Lleida​ y por qué no entre municipios o barrios​.

P: ¿Hay margen para una mayor autonomía fiscal?

Cataluña, con los tipos marginales autonómicos más altos en todos los tramos de la tarifa general acaba recaudando menos que si hubiese mantenido la tarifa estatal, pero prefiere gastarlo en deducciones autonómicas

R: Hay comunidades que reivindican más autonomía tributaria y​ después de ejercer su elevada capacidad normativa en el IRPF, resulta que obtienen menos recaudación que la que conseguirían si hubiesen aplicado en el tramo autonómico la misma normativa que el Estado. De hecho, sólo Andalucía​ presenta una recaudación real en IRPF superior a la normativa, en ausencia de legislación autonómica. Cataluña, por ejemplo, con los tipos marginales autonómicos más altos en todos los tramos de la tarifa general acaba recaudando menos que si hubiese mantenido la tarifa estatal de referencia, pero prefiere gastarlo en deducciones autonómicas. Cuando a la vez se pide una mayor autonomía tributaria, comportamientos como estos no parecen demasiado serios. En el informe somos partidarios de que las comunidades autónomas puedan utilizar la imposición indirecta (IVA e Impuestos Especiales) como fuente autónoma de ingresos, a través de un ejercicio colegiado de fijación de tipos en el tramo autonómico. Aunque pueda parecer complejo que las comunidades acuerden unánimemente los cambios, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno central, que ya la utiliza cuando decide modificar unilateralmente los tipos impositivos.

P: ¿Fue difícil el trabajo y alcanzar un informe común para entregar al Gobierno?

R: Más que difícil, fue un proceso muy complejo. El grupo de expertos se ​nombró por el Consejo de Ministros ​a proposición del Gobierno y de las comunidades autónomas del régimen común -exceptuando a País Vasco y Navarr​a por su foralidad-, salvo Cataluña -no quiso participar​-. ​S​e trataba de expertos ​de procedencia ​académica, ​por lo que no debería haber habido condicionantes por la región de procedencia, y ​en buena medida así ​se ha intentado​ trabajar​. Acabamos desarrollando un informe​ bastante razonable​.

P: ¿El informe facilita que haya finalmente reforma?

R: ​Creo que hemos allanado el terreno de juego para la fase política. El informe ha tenido críticas por ser ambiguo, pero yo no lo veo así. Los expertos hemos puesto líneas rojas para el proceso de negociación política -entre Gobierno y ejecutivos autonómicos- con exigencias ​'técnicas​’​. La reforma de 2009 fue muy diferente, condicionada​ ex ante​ a ​alcanzar resultados para ​algunos territorios. ​Además, fue un autoengaño de las comunidades autónomas, porque la reforma se realizó a finales de 2009 con datos de referencia de 2007, con la recaudación en máximos​,​ mientras que ​cuando se estaba cerrando, ya llevaba año y medio ​desplomada​. Se hizo el cambio como si no hubiera pasado nada entre 2008 y 2009.​ ​En cambio, la utilidad del informe que ahora hemos entregado radica en establecer las líneas rojas​ técnicas​ que ​no se deberían traspasar en la negociación política.

P: ¿Es entonces urgente la reforma del modelo de financiación autonómica?

R: Lo era desde hace bastante tiempo, porque la reforma de 2009 tiene muchas limitaciones, ​que además se agravaron ​al aplicarse ​este en ​una crisis cuya intensidad ​era hasta el momento desconocida. El sistema ha sobrevivido estos años gracias a mecanismos de financiación extraordinaria como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esto ​cumplió inicialmente una función esencial de aportar liquidez, pero debería haber tenido una vigencia limitada​ y no convertirse en un mecanismo generalizado de financiación, que ha permitido aplazar la reforma del sistema ​dos años más de lo previsto.

R: Ha comentado que es contrario a la permanencia del FLA…

El uso generalizado del FLA desestimula la gestión eficiente, pues no olvidemos que lo que suponen al final es una traslación del endeudamiento de ​las ​regiones al Estado

P: Por supuesto. Se trata de ​mecanismos extraordinarios de financiación que han sido necesarios porque las comunidades autónomas tenían cerrado el acceso a ​los mercados de deuda, pero ​que a medio plazo ​rompen la ​necesaria vinculación racionalizadora entre las decisiones de gasto y de exigencia de impuestos. ​Su uso generalizado desestimula la gestión eficiente, pues no olvidemos que lo que supone al final es una traslación del endeudamiento de ​las ​regiones al Estado​. De hecho, hoy el Estado es ya es el principal acreedor de los gobiernos regionales con más del 50% de su deuda.

P: También se ha mostrado especialmente contrario a una quita de deuda regional desde el Estado con un voto particular, ¿a qué se debió?

R: La posición mayoritaria en el comité ​coincidía con la mía, contraria a una 'mal llamada’ ​quita de deuda​, pues realmente se trata de una asunción estatal de deuda​. Pero quise hacer un voto particular después de escuchar a compañeros mostrarse a favor desde regiones sin grandes problemas de deuda esperando ​ahorros en los gastos por intereses que soportan. Ningún manual de política fiscal ​que conozca puede ​mostrarse a favor de estas asunciones de deuda por parte del Estado. Esto implicaría ​un escenario muy peligroso de ​riesgo moral​, además de erosionar la reputación del conjunto de nuestras finanzas públicas. Y además, sería una decisión injusta. Mutualizaríamos el coste de la deuda sin tener en cuenta que algunas regiones han hecho más esfuerzos fiscales o han sido más eficientes en la gestión que otras.

P: Pero la mayoría de comunidades tendrá cerrado el acceso a la financiación en el mercado hasta 2019, según Moody’s. ¿Cómo podrán financiar sus déficit o refinanciar los vencimientos de deuda sin FLA y sin quita?

Sería lógica una ayuda financiera extraordinaria a las comunidades autónomas con problemas para financiarse con el fin de que salgan al mercado, como se ha hecho en Europa con Portugal​

R: Sería lógica una ayuda financiera extraordinaria a las comunidades autónomas con problemas para financiarse con el fin de que salgan al mercado, como se ha hecho en Europa con Portugal​. Lo relevante ​para poder colocar deuda en el mercado ​es tu reputación ante los acreedores y que haya una garantía, como ocurre cuando alguien exige programas de cumplimiento, como ​los exigidos por ​el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). ​Por supuesto, estos programas contemplan la reestructuración de deuda con alargamiento de plazos, ​pero sin quitas.

P: También se ha mostrado en contra de mantener el statu quo de las comunidades tras las reformas, ¿a qué se debe?

R: No se justifica que estemos meses trabajando en una reforma para luego establecer compensaciones que la anulen. El problema es que desde 1986 en cada cambio se han hecho modificaciones sobre el mismo para mantener el statu quo. Entiendo que haya un sistema transitorio​ para evitar problemas financieros inmediatos​, pero ​si las compensaciones se extienden ​es el Estado el que carga con ​ese privilegio de mantener excesos de financiación rechazados por el nuevo sistema. La propuesta es ir ajustando esos excesos hasta su eliminación paulatinamente es muy razonable.

P: ¿No va a disminuir entonces la solidaridad interterritorial con la reforma?

R: En absoluto. ​Definir perdedores o ganadores obliga a preguntarse con respecto a qué se es perdedor o ganador. Si aceptamos que el nuevo sistema debe cambiar el esquema de distribución de los recursos no podemos considerar perdedores a aquellas comunidades que hemos diagnosticado que recibían recursos en exceso. Además, siempre hay que tener en cuenta que identificamos recursos con servicios, pero sin tener en cuenta la eficiencia​ con la que estos se gestionan​. ​Cuestión muy distinta es que existan comunidades que por sus problemas estructurales de generación de recursos necesiten fondos de convergencia regional. Por supuesto, esto está más que legitimado, con la inversión del Estado o fondos europeos como el FEDER.