Con la aparición del nuevo Ingreso Mínimo Vital se incrementaron las solicitudes en los diferentes servicios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que este decidió contratar a Tragsatec, una empresa pública filial de Tragsa, para atender las peticiones. El valor del contrato asciende a 7,6 millones de euros, destinados a contratar a 500 tramitadores en régimen de teletrabajo. Uno de ellos ha explicado al diario La Razón que recibió instrucciones para retrasar la aceptación de los expedientes, aunque esté bien presentada la solicitud.
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Los tramitadores recibieron órdenes de Tragsatec para reducir las categorías de clasificación iniciales -las ocho o nueve que utilizaba la Seguridad Social- a tres: “Iniciado”, “Paralizado” o “Requerido”. El problema radica en que, según ha denunciado el extrabajador, algunos expedientes se dejan en "requeridos" cuando tendrían que admitirse como "conformes".
“Un expediente en ‘Requerido’ está pendiente de que se envíe una carta de requerimiento de información que se adjuntaba en una base de datos junto a toda la información que teníamos de ese expediente o que habíamos recabado de ese expediente”, señala el extrabajador de Tragsatec.
Si un expediente que está conforme se clasifica como requerido entra en un "limbo" que retrasa la percepción del subsidio. El extrabajador afirma que la clasificación no estaba en los manuales y que fue "una orden interna" mediante un correo. Él se negó a a tenerlo en cuenta por "objeción de conciencia" y fue despedido, según ha publicado La Razón.
Asimismo, ha declarado que con este método solo se han admitido unas 6.000 solicitudes nuevas. Otras 74.000 ayudas se asignaron directamente tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por las circunstancias conocidas de los perceptores.
