La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a no aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 y prorrogar las cuentas públicas del año pasado. Aunque, esta decisión no afecta a la marcha del país, en la práctica implica que por el camino se quedan algunas medidas anunciadas como el futuro del impuesto a la banca y las energéticas o la entrada de SEPI en Telefónica.
En el caso de la teleco, la renuncia a aprobar una ley de Presupuestos para 2024 ha despertado las dudas sobre si finalmente se completará la entrada del accionariado de la SEPI en Telefónica al no contar el organismo con los 2.200 millones de euros necesarios para ello.
Se trataría de una "noticia negativa de impacto limitado hasta que haya más claridad respecto a posibles alternativas para facilitar la entrada en el accionariado, cuya voluntad ha sido reafirmada recientemente por el Gobierno. Recordamos que, según nuestros cálculos, asumiendo que se compra un máximo del 25% del volumen medio diario, la compra del 10% del capital se extendería alrededor de 206 días", comentan los analistas de Banco Sabadell.
Fue en diciembre del año pasado cuando la SEPI comunicó al mercado la intención de comprar hasta el 10% de la compañía para convertirse en el primer accionista, por delante de STC, para cumplir con la decisión tomada por el Consejo de Ministros. Ahora, el Gobierno asegura que la orden se mantiene.
¿Qué pasará con el impuesto a las entidades financieras y a las empresas energéticas? El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmaba hace un mes que en ese momento no estaba en negociación ninguna modificación del impuesto extraordinario a la banca. No obstante, se revisará de cara a 2025.
Mientras, en el gravamen a las energéticas estaba previsto introducir cambios, como que estas compañías podrán deducirse inversiones vinculadas con proyectos industriales y de descarbonización, así como destinar las ganancias a inversiones en el sector. Un compromiso por parte del Ejecutivo que ahora puede quedar en el aire al suspenderse los Presupuestos de este año, a no ser que se busquen otras vías para permitir reducir la carga impositiva con inversiones.
"Aunque la ausencia de Presupuestos 2024 añade algo de incertidumbre, entendemos que existen otras vías jurídicas para poder incorporar las deducciones a la inversión, teniendo en cuenta la 'amenaza' de no invertir en España que las grandes empresas energéticas habrían lanzado al Gobierno", exponen los analistas de la entidad.
En ambos casos, la idea era que tanto el impuesto a los bancos como a las energéticas fuera permanente, pero estaba previsto que se detallase en las nuevas cuentas. Por ahora, ambas figuras permanecerán prorrogadas.
Otro tema en el que tiene implicación la prórroga de las cuentas públicas de 2023 es la dificultad del cumplimiento del objetivo de déficit. La previsión del Gobierno era alcanzar el 3% de déficit en 2024, tras el objetivo del 3,9% en 2023. La falta de Presupuestos nuevos también puede dificultar la ejecución de los fondos europeos, señalan los expertos de Bankinter.
Sin embargo, desde el Ejecutivo han asegurado que la prórroga presupuestaria no va a suponer ningún frenazo ni va a tener ningún impacto en su ejecución. "Los Presupuestos prorrogados tienen suficiente espacio para la realización de las inversiones y compromisos previstos en el propio Plan de Recuperación", ha dicho Cuerpo, puesto que las cuentas prorrogadas tienen "crédito presupuestario suficiente". Está previsto que este año lleguen casi 10.000 millones de euros a España.
