- El Congreso aprobó, tras una larga sesión, iniciar un proceso contra la presidenta de Brasil, lo que se conoce como Impeachment
- Esta humillante derrota puede forzarla a dejar el cargo pocos meses antes de los Juegos Olímpicos que se celebran en el país
La crisis institucional, política y económica en Brasil va en aumento. Las denuncias sobre irregularidades están a un paso de hacer caer al gobierno de Dilma Rousseff. La presidenta de Brasil se ha quedado sin apoyo. En una larga jornada este domingo, la Cámara de Diputados del Congreso aprobó el Impeachment contra Rousseff, una figura del derecho anglosajón (específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña) mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público. El parlamento aprueba el inicio de procesamiento y, posteriormente, es el Senado que da luz verde definitiva y que se encarga del juicio del acusado.
Después de 24 años, Brasil puede volver a destituir un presidente. Rousseff está en la cuerda floja, es el turno del Senado.
Para los medios en Brasil, esta decisión constituye una humillante derrota contra la presidenta brasileña que puede ser forzada a dejar el cargo a pocos meses de que el país sea el anfitrión de los Juegos Políticos. La votación final fue de 367 votos a favor del juicio político, 137 votos en contra y siete abstenciones. Dos legisladores no se presentaron a la votación.
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Sao Paulo y Río de Janeiro, las principales ciudades de Brasil, se iluminaron cuando la oposición superó holgadamente la mayoría de dos tercios que necesitaba para que el proceso de impugnación por manipulación de cuentas fiscales avance al Senado.Y ahora la decisión definitiva está en manos del Senado, donde existirían ya los votos necesarios para seguir adelante con el juicio político a Rousseff, según apunta por su parte Europa Press.
¿Y POR QUÉ EL JUICIO?
Si bien a la mandataria no se la ha acusado de corrupción, su Gobierno ha sido afectado por un gran escándalo de sobornos en la Petrobras, además de la recesión. Los detractores de la impugnación afirman además que a Rousseff se la acusa de una maniobra presupuestaria aplicada comúnmente por muchos funcionarios electos en Brasil, apunta por su parte Reuters. Así la acusación básicamente es por maniobras fiscales en el cierre de 2015 y 2015 que habrían servido para maquillar las cuentas y retrasar el pago de préstamos del gobierno a bancos públicos. "El Ejecutivo se defiende diciendo que no cometió ningún delito de responsabilidad, que en todos los gobiernos anteriores se había cometido ese tipo de maquillaje de cuentas para intentar encajar presupuestos, y que sólo a ella se la juzgaría por eso", destaca al respecto El Mundo.
En todo caso, la batalla por el juicio político ha paralizado las iniciativas gubernamentales en Brasilia, a sólo cuatro meses de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en medio de una batalla contra la epidemia del virus del Zika, que ha sido asociado con defectos de nacimiento en recién nacidos.
Además, la disputa por la impugnación, que ocurre en medio de la peor recesión en el país desde 1930, ha dividido al país de 200 millones de habitantes. También ha provocado un agrio enfrentamiento entre Rousseff y el vicepresidente MicheTemer, que puede desestabilizar a cualquier futuro gobierno y hundir a Brasil en meses de incertidumbre.
La última palabra la tendrá ahora el Senado. La decisión de la Cámara de Diputados será remitida este mismo lunes al Senado, donde será leída en el pleno y publicada en el Diario Oficial de la cámara.
Los sondeos de opinión muestran que más del 60% de los brasileños apoya la impugnación de Rousseff. Quienes critican el proceso opinan que se ha convertido en un referendo de los índices de aprobación de Rousseff y que marca un precedente para la expulsión de líderes impopulares. Hay que destacar que de forzar la salida de Rousseff, Brasil puede volver a destituir un presidente después de 24 años. Un hecho que ocurrió en 1992, cuando se decidió la salida del ex presidente Fernando Collor aunque en este caso sufrió un proceso de impeachment por corrupción.
A LA ESPERA DEL SENADO
Así las cosas, la última palabra la tendrá ahora el Senado. La decisión de la Cámara de Diputados será remitida este mismo lunes al Senado, donde será leída en el pleno y publicada en el Diario Oficial de la cámara. A continuación, los líderes de los grupos tendrán 48 horas para indicar los 21 integrantes que compondrán la comisión especial encargada de valorar el asunto.
Dicha comisión deberá pronunciarse sobre si se abre el 'impeachment' a Rousseff en el plazo de diez días, tras lo cual la decisión definitiva pasaría al pleno de la Cámara Alta. La convocatoria de la votación es responsabilidad del presidente del Senado, Renan Calheiros, miembro del PMDB. Es por eso que ahora todos los ojos están ahora puestos en Calheiros, quien mantiene una relación complicada con el vicepresidente Temer, que pasaría a ocupar la presidencia en caso de prosperar el 'impeachment' contra Rousseff. Los senadores partidarios de la presidenta quieren que el proceso se dilate lo máximo posible y no tenga lugar antes de principios de mayo.
Sin embargo, la oposición quiere que los plazos sean lo más breves posibles. En este sentido, el presidente en funciones del PMDB, el senador Romero Jucá, ha sostenido que el Senado debe dar la "urgencia necesaria" al trámite pero atendiendo a las normas.
Según las previsiones actuales del diario 'Folha de Sao Paulo', recogidas por Europa Press, ya son 47 los senadores que están dispuestos a votar a favor del 'impeachment' a Rousseff, más de los 41 votos necesarios. Esto supondría que la presidenta sería apartada del cargo durante un plazo de 180 días, pasando Temer a ocupar la presidencia de forma interina, aunque puede completar el mandato de la presidenta hasta 2018 si es hallada culpable.
Si al término del juicio político contra Rousseff dos terceras partes de los senadores (54) votan a favor de la destitución, la presidenta sería apartada definitivamente del cargo.
Sin embargo, a Rousseff todavía podría quedarle una baza judicial. Según ha revelado tras la votación el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, el Gobierno podría cuestionar nuevamente el proceso de 'impeachment' ante el Tribunal Supremo Federal (STF), que ya la semana pasada se había pronunciado en contra.
No obstante, Cardozo no ha querido confirmar si se va a agotar esta vía, limitándose a señalar a los periodistas que llegado el caso se informará "oportunamente".
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