El Gobierno y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ponen coto en su acuerdo de Presupuestos a la exención a la tributación de las compañías españolas por los dividendos y las plusvalías procedentes del extranjero. Esta medida acompaña a otras nuevas figuras fiscales, como el Impuesto a las Transacciones financieras, pero es la única que será verdaderamente efectiva, pues conseguirá recaudar unos 1.000 millones de euros.
Hasta ahora, los dividendos y plusvalías generadas por las empresas en el extranjero estaban exentos de tributación en España. Los convenios de doble imposición firmados con otros países y la propia legislación europea amparan a las compañías, que tributan por estas rentas en los países de origen.
Para beneficiarse de la exención total en España las compañías deben tener sobre la filial una participación de, al menos, el 5% o con un valor de más de 20 millones de euros y mantenerla durante el año anterior al día en que se distribuya el beneficio, como mínimo.
Ahora el Gobierno quiere terminar con esa exención y limitarla al 95%. Es decir, gravar el 5% de los dividendos y las plusvalías que se traigan de fuera. Por el momento, el Ejecutivo solamente ha aportado una estimación de recaudación del conjunto de las medidas fiscales acordadas con Podemos, que sería de unos 5.700 millones de euros, por lo que para conocer sus planes en torno a esta medida en concreto será necesario esperar, al menos, al próximo lunes, la fecha comprometida con Bruselas para enviar las cuentas y el día en el que el Ejecutivo dará el visto bueno a este borrador en un consejo de ministros extraordinario.
Sin embargo, de acuerdo con estimaciones basadas en datos de la Agencia Tributaria, la recaudación de esta limitación a la exención total estaría en torno a los 1.000 millones de euros. Las compañías traen a España rentas del exterior por unos 100.000 millones de euros al año, con lo que la parte gravada, el 5%, sería de unos 5.000 millones de euros. A este importe se le aplicaría el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades que abonan las empresas, que está en torno al 19-20%, por lo que la recaudación sería de unos 950 o 1.000 millones de euros.
ÚNICA MEDIDA EFECTIVA
Esta cantidad no es una cifra desdeñable, pues es similar a la que el Ejecutivo pretendía alcanzar con el fallido impuesto a la banca, una figura impositiva que el Gobierno nunca llegó a concretar. No obstante, para el resto de iniciativas los partidos de la oposición estiman cifras muy inferiores a las aportadas por el Ejecutivo y Podemos en su acuerdo de Presupuestos, al que han llegado en el último momento posible.
De hecho, desde Ciudadanos calculan que las nuevas medidas fiscales del Gobierno solamente conseguirían recaudar 1.800 millones de euros, incluida la limitación a la exención de tributación de los dividendos extranjeros, que aportaría la mitad.
Teniendo en cuenta que esta medida levantaría entre 900 y 1.000 millones de euros, se convertiría en la única realmente efectiva, pues el resto solamente conseguiría recaudar en conjunto unos 900 millones de euros. Entre estas otras iniciativas se incluye un impuesto a las transacciones financieras, que en el mercado se calcula que recaudará unos 400 millones de euros.
Por el momento, ninguna empresa se ha pronunciado respecto a las consecuencias que puede traer esta medida, salvo Santander, que lo hizo el pasado mes de julio, cuando ni siquiera la propuesta estaba sobre la mesa. Preguntado durante una rueda de prensa por el impuesto a la banca, José Antonio Álvarez, el consejero delegado de la entidad, advirtió de que las empresas podrían repensar su morfología si existía una doble imposición de las rentas extranjeras.
Puso como ejemplo que no le parecía “justo” tener una nueva tasa sobre el dividendo de Brasil, actualmente su primer mercado, y añadió que Santander “depende críticamente de los dividendos de las filiales”, por lo que si sobre las rentas por las que ya se pagan impuestos en los países de origen se tuviera que abonar otro impuesto, la entidad, o cualquier empresa, podría replantearse su estructura fiscal. “Eso no nos aplica solo a nosotros, aplica a cualquier multinacional en España, por lo que naturalmente puede afectar a la morfología de las entidades”, añadió.
