El Gobierno frena las medidas contra el 'boom' del alquiler porque elevarían el déficit

La Constitución permite al Gobierno vetar la tramitación de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. Así, el Ejecutivo vetó este viernes la propuesta del PSOE de reforma en el mercado del alquiler en España, como ya hizo hace poco más de un mes con la propuesta de ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En un escueto comunicado, el Gobierno informaba a la secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, del rechazo de la propuesta socialista porque “supondría una disminución de los ingresos presupuestarios”.

El Gobierno ha vetado la reforma de los alquileres propuesta por el @PSOE. Una irresponsabilidad que muestra la insensibilidad del PP con un problema social de primer orden. Impiden el debate de nuestra ley, impasibles ante la escalada de precios del arrendamiento de vivienda. pic.twitter.com/gTREXVQUG7

— Beatriz Corredor (@BeatrizCorredor) 4 de mayo de 2018

Tras conocer la decisión, Corredor afirma que las cifras de caídas de ingresos públicos que contempla el Gobierno para ejercer el veto “se han tomado como un mero corta y pega, a la ligera y no corresponden con la propuesta del PSOE”. En su opinión, se trata de un veto “sin fundamento” y cree que el Gobierno ni siquiera ha querido considerar la proposición socialista.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Hasta la fecha, las únicas medidas puestas en marcha relativas al mercado del alquiler están incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado a comienzos de marzo. En concreto, se incluye una ayuda para los inquilinos que cumplan ciertos requisitos: un límite de ingresos familiar de 1.613,52 euros al mes (en 14 pagas) y un alquiler menor a 600 euros (o hasta 900 en algunas zonas). La ayuda podrá ser de hasta el 40% para los inquilinos de entre 35 y 65 años, y de hasta el 50% para mayores de 65 y menores de 35.

La principal crítica de la oposición a este plan es que no se contempla limitar los precios del alquiler para evitar que sigan subiendo. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya declaró que fijar límites máximos para los precios genera “el efecto contrario” al “no favorecer que los particulares pongan sus viviendas en el mercado del alquiler y se fomente la oferta”.

LAS PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN

Hasta ahora, el Gobierno ya ha vetado la propuesta del PSOE y la de la PAH (que contaba con el apoyo de Unidos Podemos, ERC y el grupo mixto), y sobre la mesa solo queda la de Unidos Podemos.

La propuesta de ley del PSOE recogía volver al IPC como índice de actualización de los precios en lugar del actual sistema, que remite a una negociación “desigual” entre propietario y arrendatario del indicador a utilizar. Además, proponía que los contratos de alquiler volvieran a ser de 5 años.

Igualmente, los socialistas proponían una deducción fiscal del 60% en el IRPF para los caseros que impusieran precios inferiores a los fijados en un baremo público, con lo que esperaban moderar el alza de las rentas. Además, los arrendadores con una base imponible inferior a 30.000 euros anuales se podrían deducir un 10,05% de la cantidad recibida por el alquiler.

Por su parte, el Gobierno también rechazó la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH porque calculaba que supondría un sobrecoste de 90.000 millones de euros para los próximos diez años. Esta propuesta, entre otras cosas, ampliaba la duración de los alquileres a 5 años con prórroga de otros cinco o incluso de 10 años para cuando el propietario fuese un gran tenedor (banco o inmobiliaria). Además, proponía que los ayuntamientos creasen un índice de precios basados en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ahora solo falta que la Mesa del Congreso decida si permite la tramitación de la propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea. En la misma línea, propone ampliar la duración a cinco años de los contratos de alquiler y propone que las comunidades autónomas puedan regular los precios aunque se incrementen de forma “abusiva” mediante índices creados con metodologías “objetivas y sujetos a actualización periódica”. Tras sus últimas decisiones, es poco probable que la Mesa del Congreso la saque adelante.