El Gobierno, tajante: el control de la jornada siempre ha sido exigible

"Todas las empresas eran conscientes de que el control de la jornada efectiva de trabajo era exigible desde siempre y no creíamos que fuera a crear especiales dificultades a la luz de los instrumentos telemáticos que existen", ha señalado Valdeolivas, que ha añadido que la mayoría de las empresas ya cumplen la ley porque cuentan con sistemas de control.

De ahí que la secretaria de Estado haya mostrado su "sorpresa y perplejidad" por la "alarma social" que ha generado esta medida y que, a su juicio, surge "desde intereses bien reconocibles". "Los propios empresarios que cumplen fielmente con sus obligaciones deberían ser los primeros interesados en que se sancionaran a los que compiten deslealmente", ha apuntado.

En declaraciones a RNE, Valdeolivas ha subrayado que las empresas han tenido dos meses para adaptarse a la nueva normativa, aunque ha vuelto a insistir en que Trabajo no tiene "un plan de choque específico" para perseguir hoy mismo a las empresas que carezcan de este registro si están negociándolo.

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Ahora bien, ha dejado claro que no se trata de una moratoria y que la Inspección de Trabajo puede empezar a multar a las empresas que incumplan esta obligación desde hoy mismo.

"La obligación existe desde ayer y dos meses era un tiempo sensato. Allí donde se esté cumpliendo la obligación de negociar, seremos flexibles y daremos algo de tiempo, pero las empresas deben estar negociando ya", ha apuntado Valdeolivas, que ha subrayado además que, en caso de no haber acuerdo, esto no puede ser un "pretexto" para eludir esta obligación empresarial.

En este sentido, ha recordado que se trata de una obligación del empresario y, al mismo tiempo, de un derecho de los trabajadores, ya que permitirá documentar el horario efectivamente trabajado y evitar "el intolerable" número de horas extraordinarias que se hacen en España sin ser reconocidas ni pagadas.

Valdeolivas ha afirmado además que la flexibilidad horaria que persiguen los empresarios no se verá afectada por esta obligación "formal" de registrar la jornada y ha insistido en que lo que se persigue es generar certeza y seguridad jurídica. Al mismo tiempo, ha apuntado que el registro también beneficiará a las empresas para mejorar en productividad y controlar el absentismo laboral.

LAS PYMES Y LOS AUTÓNOMOS SE QUEJAN DE LA MEDIDA

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha recordado a Valdeolivas que la contabilización de horas extraordinarias "sí es obligatoria" desde antes pero no el control de inicio y finalización de jornada que impone la nueva normativa. "El control puede ser un camino para localizar horas extra no pagadas, pero ese café para todos supone un retroceso", ha señalado Cuerva, que cree que de este modo se acaba con un régimen laboral basado en la confianza.

Trabajo no tiene "un plan de choque específico" para perseguir a las empresas que carezcan de este registro, aunque puede haber multas

Cuerva, también en declaraciones a RNE, ha criticado que se ha discutido "poco" sobre ese registro, y espera que el Ministerio de Trabajo sea sensible a las inquietudes de las pymes. "La empresa española quiere cumplir la norma, pero tiene muchas lagunas", ha apuntado.

También el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido de la "incertidumbre" que ha generado esta medida entre los autónomos, pues hay más de 600.000 actividades que no tienen centro de trabajo y que tendrán dificultades para computar las horas como, por ejemplo, el sector del transporte.

"¿Va a tener que llevar el camionero el móvil en la mano cuando pare a echar gasolina? Es una norma que no está bien rematada y genera incertidumbre. En España hay gente que circula a 180 kilómetros por hora y no ponemos limitadores de velocidad a todos los coches", ha subrayado Amor.

Valdeolivas ha recordado a Cuerva y Amor que, precisamente, para facilitar la resolución de dudas y facilitar la aplicación de la norma, el Ministerio de Trabajo tiene previsto publicar este lunes una guía práctica de ayuda a las empresas.