La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados ha aprobado que el nuevo impuesto a las empresas energéticas se aplique únicamente a la actividad que estas desarrollen en España, dejando fuera del importe neto sobre el que se calculará el gravamen del 1,2% a las actividades reguladas, el negocio internacional y los ingresos obtenidos por las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.
Según informan distintos medios, la comisión ha aprobado todas las enmiendas transaccionales presentadas a la proposición de ley en la que se recogen estos gravámenes. Estas propuestas, promovidas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), han salido adelante sin ningún voto en contra.
Así, con el acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios del Gobierno de coalición, el impuesto no afectará a las empresas en las que el suministro sea a precio regulado: el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas y del gas licuado (GLP), tanto envasado como por canalización.
Asimismo, es importante destacar que Bildu también ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para que a finales de 2024, cuando finalice la vigencia de los nuevos impuestos a las empresas energéticas y a la banca, se haga una evaluación de su aplicación y se estudie la posibilidad de convertirlos en permanentes. Asimismo, el partido abertzale ha acordado que las haciendas forales vascas y navarras gestionen estos nuevos gravámenes.
