El Gobierno ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 30 el compromiso de abordar los cambios normativos necesarios para la reforma del mercado eléctrico, "poniendo fin a la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías, cuyo efecto sobre los altos costes de la electricidad en España merece una atención prioritaria".
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La reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos como 'windfall profits' de algunas tecnologías del 'mix' energético -como la hidráulica y la nuclear- ya estaba incluida tanto en el acuerdo de PGE de 2018 como en el pacto de coalición para el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
De hecho, el pasado mes de enero con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso de Filomena en la segunda semana de enero y la ola de frío en la tercera, que llevó a un episodio coyuntural de subidas alcanzando niveles récord, la reforma del mercado eléctrico volvió a convertirse en tema de debate entre los socios de Gobierno.
El texto sobre las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible 30 también considera la necesidad de aplicar, paralelamente al despliegue de las renovables y las reformas normativas, criterios de transición justa, que optimiza los resultados de la transición ecológica, "asegurando que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esa transición -especialmente los colectivos más vulnerables- para que nadie se quede atrás, tanto en la generación de empleo como en la reactivación económica".
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En este sentido, se defiende potenciar el desarrollo del autoconsumo y la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, a través de apoyos públicos que atiendan a su capacidad económica real.
El texto presentado este martes en el Consejo de Ministros también valora que las reformas introducidas en los dos últimos años en el mercado eléctrico, vinculadas con la progresiva incorporación en el sistema energético de tecnologías con costes variables o próximos a cero es un factor importante a la hora de disminuir el precio de la electricidad, produciendo determinadas disminuciones como la observada en el primer semestre de 2020.
A pesar de ello, se considera que España es el quinto país de la UE con la factura eléctrica más cara, lo que contribuye a la incidencia de la pobreza energética que afecta a la población, siendo necesario "intensificar" los esfuerzos puestos en marcha para la reducción de la factura eléctrica, particularmente a través del despliegue de las tecnologías renovables, a la vez que se refuerzan y optimizan los mecanismos prestacionales existentes actualmente y se abordan otras medidas de carácter estructural que permitirán reducir la pobreza energética en el largo plazo.