Los obreros tienen que seguir yendo a trabajar. El periodo de confinamiento decretado por la crisis del coronavirus no afecta al sector de la construcción. Aun así, el Gobierno ha decidido salvaguardar las concesiones de obras públicas por si llegan a paralizarse y se retrasa su ejecución, dejando sin protección a los proyectos que se están realizando en el ámbito privado.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez permite solicitar la suspensión de un contrato de obra pública cuando el actual estado de alarma impida su ejecución en los tiempos establecidos. Esta medida solo afecta a las obras que se debían entregar durante el período que duren las medidas excepcionales, según se expone en el Real Decreto-ley 8/2020 aprobado este martes en Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos del coronavirus.
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Para solicitarlo, existe un periodo de cinco días naturales que empiezan a contar desde que ya sea imposible continuar con las obras. Habrá que referirse a la Administración pública contratante y detallar las razones por las que la ejecución del contrato es imposible. El contratista puede acogerse a esta medida hasta que le sea factible reanudar su actividad, solicitando una prórroga en el plazo de entrega.
Una vez que se acuerde la suspensión o ampliación de la ejecución de las obras, el Estado indemnizará por los gastos salariales, el mantenimiento, los alquileres y las pólizas de seguro. Eso sí, las constructoras solo cobrarán si están al corriente de pago con sus trabajadores y proveedores.
Banco Sabadell considera "positiva" esta medida y entiende que "tiene sentido" porque el sector va a desarrollar su actividad en condiciones ínfimas, con menos mano de obra e interrupción en el suministro de materiales. Sin embargo, considera que debería hacerse extensible a los contratos de obras privadas, ya que el impacto económico derivado de los retrasos o incumplimientos en estos proyectos será "muy relevante".
LAS CONSTRUCTORAS PIDEN LA PARALIZACIÓN DEL SECTOR
Para las constructoras no es suficiente y piden al Gobierno que paralice directamente todas las obras, ante el temor de contagio por el coronavirus. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ya ha solicitado al Ministerio del Interior que concrete las instrucciones para esta actividad.
Una de las primeras voces en pronunciarse ha sido el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), Javier Mateo Vico. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que las obras no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes, ya que no disponen de mascarillas y otros medios de protección individual.
Mateo Vico ha destacado que la Policía visita las obras y algunas son paralizadas al no contar con este material. Por ello, ha incidido en la importancia de que se determine y concrete qué instrucciones tienen que seguir.
