El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, así como el nuevo cuadro macroeconómico sobre el que se elaborará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
También está pendiente la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que el año pasado aumentó un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros y tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado como pasos necesarios para la elaboración y presentación de las nuevas cuentas públicas.
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La senda de estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.
El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda de estabilidad, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea.
Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
Aunque por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de déficit por administraciones, es previsible que se otorgue un mayor margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas y las entidades locales.
MÁS MARGEN
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En concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022.
Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
En el caso de las entidades locales, Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, les trasladó en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) un objetivo de déficit cero para el periodo, si bien los ayuntamientos ya presentan un superávit de entre cuatro y cinco décimas.
Tanto para las comunidades como para los ayuntamientos Hacienda ha planteado soluciones para compensar por el IVA pendiente de 2017, que asciende a 2.500 millones en el primer caso y que la FEMP cifra en 750 millones en el segundo.
De esta forma, Hacienda no tendrá en cuenta el efecto del IVA de 2017 para contabilizar el déficit público de 2019 y pondrá en marcha un extra FLA, en tanto que para los ayuntamientos ha flexibilizado en una décima la regla de gasto, hasta el 2,9%, y no se tendrá en cuenta tampoco el impacto del IVA para el cómputo de la norma de gasto. También podrán acogerse a un préstamo extraordinario.
Para el Estado y la Seguridad Social Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor que a las regiones, de en torno a "tres y cuatro escalones".
NUEVO CUADRO MACRO
El Consejo de Ministros de esta martes va a actualizar el cuadro macro, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. El actual cuadro augura que la economía española pasará de crecer un 2% en 2019 a un 1,8% este año, con una aportación de 1,6 puntos porcentuales de la demanda nacional y solo dos décimas del saldo exterior. En cuanto al empleo, prevé que la tasa de paro baje al 12,3% en 2020.
Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse también en la nueva senda.
En el caso de las comunidades, los objetivos de la nueva senda fijan una ratio de deuda sobre PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023. Para las entidades locales se ha establecido una deuda del 2% los dos primeros años, el 1,9% en 2022 y el 1,8% en 2023.
EL CAMINO A LOS PRESUPUESTOS
Una vez aprobada la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda y el límite de gasto no financiero ('techo de gasto'), el Ejecutivo de coalición tendrá que llevarlos al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno. Si finalmente logra el respaldo al 'techo de gasto' y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo presentará el proyecto de PGE de 2020.
La votación de la nueva senda autonómica en el CPFF, que no se reunía desde 2018, dio como resultado su aprobación gracias a los doce votos a favor de las nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra (en coalición con Geroa Bai y Podemos), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda.
Por el contrario, rechazaron la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta. Navarra participó votando a favor, aunque se acoge a un régimen especial, al igual que País Vasco, que no envió a ningún representante a la reunión. Cataluña acudió pero no votó.
Estos posicionamientos dejan entrever el panorama de las negociaciones que empezará en breve el Gobierno, aunque conseguir que el techo de gasto y especialmente los Presupuestos salgan adelante en el Parlamento será mucho más complicado que la aprobación de la senda para las comunidades autónomas, ya que en el CPFF el Ministerio de Hacienda cuenta con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías.
Así, el Ejecutivo de coalición dará paso en breve a las negociaciones con los distintos grupos para recabar apoyos suficientes como para poder aprobar en el Parlamento el techo de gasto y no se repita el rechazo de 2018 en el Senado, con vistas a la posterior tramitación de los nuevos Presupuestos.