El Gobierno prevé que la minoración de los beneficios que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono reporte unos ingresos de 1.000 millones de euros anuales, que el Ejecutivo destinará a reducir los cargos de la factura, lo que proporcionaría un ahorro del 4% a los consumidores domésticos y de un 1,5% a los industriales.
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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este anteproyecto de ley, que prevé que ese ingreso, que se obtendrá por la minoración del beneficio que obtienen esas centrales no emisoras anteriores a 2005, se destine en un 90% a financiar el régimen de las renovables y el 10% a administraciones para financiar el bono social a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social.
Además, cubrirá parte de los objetivos de recaudación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuyo proyecto de ley ha aprobado el Consejo de Ministros y por el que distribuidores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gas, contribuirán también a financiar costes regulados (principalmente los 6.500 millones de las renovables), con lo que las compañías afectadas por el Fondo pagarán menos de lo previsto inicialmente.
