El Ministerio de Hacienda ha dado el "pistoletazo de salida" a la confección de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 con la publicación de una orden por la que se dictan las normas para la elaboración de las nuevas cuentas y en la que se incluye por primera vez el análisis del impacto de género de los programas y se fija el 27 de febrero como fecha límite para que los ministerios remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos las propuestas de normas de contenido presupuestario.
Así se desprende de una orden publicada este lunes por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que supone el "pistoletazo de salida" para que los departamentos empiecen a trabajar y trasladar sus prioridades presupuestarias para este año. "Es un primer paso muy importante y urgente, porque España lleva ya demasiado tiempo con Presupuestos prorrogados y tendremos que presentar las cuentas a la mayor brevedad posible", ha añadido.
Montero ha destacado que los ejes de las nuevas cuentas pasan por un crecimiento económico "inclusivo", basado en innovación, tecnología y digitalización; apuesta por la transformación ecológica justa; defensa de los derechos sociales para avanzar hacia una sociedad "más justa y cohesionada"; cohesión territorial para afrontar el reto demográfico y la lucha por la igualdad.
"España lleva ya demasiado tiempo con Presupuestos prorrogados"
A este respecto, ha subrayado que las cuentas incluirán por primera vez un informe con el diagnóstico de la realidad de género, para analizar en conjunto con la Administración General del Estado el impacto de género de los programas ministeriales.
Hacienda destaca en la orden que los Presupuestos deben incorporar una "nueva visión transversal y estratégica", para dar respuesta a los retos presentes y futuros de la sociedad española, tras citar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la meta de consolidar un modelo de crecimiento económico "equilibrado, inclusivo y duradero", que sea compatible con los compromisos en materia de estabilidad financiera y el "necesario reequilibrio" del Estado de bienestar.
La guía de acción de esta política es, según ha indicado Montero, el acuerdo programático del Gobierno progresista de coalición, formado entre el PSOE y Unidas Podemos, que contempla las medidas y actuaciones para un crecimiento "equilibrado" y para situar a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.
En este sentido, se impulsarán las reformas estructurales necesarias en ámbitos como educación, empleo, innovación, salud, bienestar y justicia social, igualdad de género, integración de la diversidad y sostenibilidad de los modelos de producción y consumo. Además, sobre la igualdad de género subraya que es el momento de dar "un paso más" e introducir de manera integrada la perspectiva de género en los programas presupuestarios y en las políticas de gasto.
PLAZOS PARA LAS PROPUESTAS
La orden establece que los ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 27 de febrero de 2020 y "exclusivamente por medios electrónicos", las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente.
Estas propuestas deberán ir acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.
Asimismo, en el marco del articulado del anteproyecto de ley de los Presupuestos, la orden fija que los distintos departamentos ministeriales deberán elaborar un informe de impacto de género a la Secretaría de Estado de Presupuestos antes del 20 de febrero, analizando el impacto de género de sus programas de gasto. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Costes de Personal para conformar la redacción final del informe del impacto de género, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los departamentos remitirán a la Secretaría un informe del impacto de sus programas
A su vez, los departamentos remitirán a la Secretaría, también antes del 20 de febrero, un informe analizando el impacto de sus programas de gasto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y otro, con el mismo plazo, sobre la contribución de los programas de gasto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En todo caso, los centros gestores del Estado, organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con presupuesto limitativo deberán remitir sus propuestas a la Dirección General de Presupuestos antes del 20 de febrero, así como a la Dirección General de Fondos Europeos una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto susceptibles de ser financiados con fondos de la UE antes del 27 de febrero. Con la entrada en vigor de la orden, queda derogada la orden por la que se dicta las normas para la elaboración de los Presupuestos de 2019, que finalmente no fueron aprobados por el Parlamento, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la nueva norma.
CRITERIOS DE PRESUPUESTACIÓN: JUSTICIA SOCIAL Y TRIBUTACIÓN PROGRESIVA
Entre los criterios generales de presupuestación se priorizarán los objetivos de alcanzar un sistema de "justicia social" que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, que garantice el acceso a una vivienda digna, el refuerzo de la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia, fortaleciendo la cohesión territorial mediante la inversión pública.
También se dará prioridad a la promoción de un sistema de protección social que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del "acuerdo político y el diálogo social", y la creación de empleo "digno, estable y de calidad", mediante la corrección de las "deficiencias estructurales".
En materia fiscal, remarca el desarrollo y aplicación de una "política tributaria justa y progresiva estableciendo mecanismos de redistribución de la riqueza, reforzando la lucha contra el fraude fiscal y llevando a cabo procedimientos de evaluación y control del gasto público que permitan un uso eficiente de los recursos públicos", entre otros.
