El Gobierno obliga a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) al establecimiento de un canal de denuncias anónimas por abuso de mercado después de que el Consejo de Ministros aprobase este viernes un Real Decreto-ley bautizado como "omnibus" y que traspone la directiva europea que exige la creación de estas plataformas.
La creación de un canal de denuncias anónimas es una cuestión "muy técnica pero que tiene muchísimo impacto en la vida de los ciudadanos", ha asegurado Celaá. "Se trata de que, si hay abuso de mercado, valen las denuncias anónimas para proteger a los usuarios", ha explicado la portavoz del Ejecutivo, quien ha recordado que el plazo para transponer esta Directiva venció en julio de 2016.
La CNMV ya puso en marcha en enero, a través de su página web, un canal de comunicación de posibles infracciones de normas de ordenación y disciplina de los mercados de valores para garantizar la protección del informante y la calidad de la información recibida, como respuesta a las obligaciones contempladas en la normativa europea y, en concreto, al Reglamento de Abuso de Mercado Nº596/2014 y su desarrollo y en MiFID II, que estaba pendiente de ser transpuesto en la legislación española.
El Real Decreto aprobado este viernes que, en total, transpone tres directivas europeas y algunos reglamentos, también se refiere a la necesidad de incluir determinadas obligaciones referidas a la relación de comunicación y materia de intercambio de información que tiene que existir entre la CNMV y el Banco de España.
Por último, la tercera transpoción hace referencia a las nuevas fórmulas de servicios de pago, ya sea por sistema telefónico o Internet. "Son garantías sobre los nuevos sistemas de pago que vienen a beneficiar a los usuarios", ha apuntado Celaá.
Asimismo, este Real Decreto-ley "omnibus" incorpora reglamentos que se adaptan a la legislación española, si bien la portavoz no ha dado más detalles al respecto.
ESPAÑA CUENTA CON 37 DIRECTIVAS SIN TRASPONER
Celaá ha subrayado el "trabajo fino y muy profundo" del Ministerio de Economía y Empresa en la elaboración de la nueva ley y ha recordado que el Gobierno tiene 37 directivas sin transponer, de las que muchas están judicializadas o a punto de serlo, lo que puede conllevar altas sanciones para España.
Así, ha destacado que el Ejecutivo continúa avanzando el proceso de adaptación del marco de ordenamiento interno español a la normativa europea y a las recomendaciones de los principales organismos internacionales.
En este sentido, ha recordado que en diciembre los países de la UE deberán presentar ante el Ecofin el llamado 'scoreboard' de transposición de directivas. "Íbamos a quedar muy mal y ahora estamos mucho mejor", ha celebrado Celaá.
