El Govern de la Generalitat ha recibido la confirmación oficial del Tesoro de que se queda sin poder financiarse en los mercados internacionales, otra vez, en 2020. La idea de volver a emitir bonos planea desde hace tiempo sobre los despachos de la vicepresidencia de Economía que dirige el republicano Pere Aragonés y era uno de los objetivos que, junto al president catalán, Quim Torra, se había fijado para este año, después de que otras Comunidades Autónomas hayan regresado a los mercados entre 2017 y 2019. Pero el Gobierno ha asegurado que Cataluña tendrá que buscar liquidez un ejercicio más únicamente con los fondos que ponga a su disposición el Estado.
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El Ejecutivo autonómico esperaba un acuerdo político que ‘indultara’ a Cataluña, ya que la región cumple casi todos los requisitos de estabilidad presupuestaria que Hacienda estipuló en 2018 -déficit (0,44 del PIB%), deuda (34% del PIB) y regla del gasto (1,6% de crecimiento)-, menos el más relevante: obtener una calificación crediticia en las agencias de ‘rating’ en el grado de inversión. Actualmente, Moody’s y Fitch mantienen a la región profundamente anclada en el escalón de ‘bono basura’ o altamente especulativo, aunque se espera alguna mejora, especialmente por parte de la primera que elevó su perspectiva a positiva en noviembre. La obligatoriedad es que al menos una agencia otorgue el rango BBB negativo o superior.
Fuentes conocedoras explican a 'Bolsamanía' que desde el Govern reclaman a Moncloa que haga la vista gorda en este punto con tal de que se pueda realizar una emisión de bonos verdes y quedan esperanzas en que el acuerdo político y económico que se acabe alcanzando en las próximas semanas contemple alguna relajación en este sentido. Entretanto, altos cargos del gobierno regional monitorizan el mercado de la deuda en busca del momento más oportuno para esta operación, mientras los expertos aseguran que existe interés por una emisión de títulos a 10 años, incluso con la nota actual de las agencias de calificación.
"Independientemente del ‘rating’, Cataluña no hallaría dificultad para financiarse en los mercados", señala Rafael Valera, consejero delegado y socio de la gestora Buy & Hold. El experto indica que "el apetito por el riesgo no es problema", pero también ve lógico que el Ejecutivo mantenga sus requisitos ya que debería responder por esta deuda en caso de un hipotético 'default'.
La realidad es que la Comunidad "no cumple con las condiciones para salir a los mercados" y poder combinar esta financiación con los mecanismos del Estado, ha explicado esta semana el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio. Además, existen serias dudas sobre que el año pasado se hicieran los deberes en cuanto a estabilidad: el límite del déficit para las Comunidades Autónomas era del 0,1% y Cataluña acumulaba hasta octubre un 0,28%. En 2020 este techo es del 0%, por lo que no quedará más remedio que seguir echado mano del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), al que Torra prevé pedir una buena suma.
75% DE DEUDA EN MANOS DEL ESTADO
La región se financia mediante este mecanismo desde que el año pasado logró abandonar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ha solicitado un total de 10.257 millones de euros este 2020, un 27% más de los 8.047 millones solicitados en 2019. Además, según los últimos datos publicados por el Banco de España, implicará que el 75% de toda la deuda pública catalana esté ya en manos del Estado.
Cataluña mantenía 78.600 millones de deuda en el tercer trimestre de 2019 y de ese total, casi 60.000 millones se los adeuda al Estado. Es una de las comunidades con más deuda total en relación a su PIB (33,3%), por detrás de la Comunidad Valenciana (41,8%) y Castilla-La Mancha (35,2%), y por delante de Murcia (30,9%).
Del importe solicitado, un total de 7.681 millones servirán para cubrir vencimientos de los mecanismos de liquidez habilitados por el Estado, es decir, para devolver dinero pedido en años anteriores al FLA. Asimismo, en 2020 la Generalidad afronta el vencimiento de 1.030 millones de euros en bonos y debe satisfacer vencimientos de créditos a entidades financieras (425 millones de euros).
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