La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado este martes que el Gobierno ha aprobado un mecanismo para que los autónomos que hayan visto reducidos significativamente sus ingresos por la crisis del coronavirus puedan negociar la moratoria o la remodelación del pago del alquiler de sus locales comerciales. Se prevé que esta media beneficiará a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.
Calviño ha adelantado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida se aplicará, sobre todo, cuando el arrendador sea una empresa pública o un gran tenedor de vivienda, es decir, una entidad con más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.
Si se concede la moratoria, esta se aplicará de manera automática durante el tiempo que dure el estado de alarma, un periodo prorrogable en hasta cuatro meses si se mantienen las dificultades para hacer frente a la renta, según Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. El pago se aplazará sin penalización ni devengar intereses, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años.
En los contrato que no estén firmados con un gran tenedor, el inquilino podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que no exista un acuerdo previo entre ambas partes. Tendrá un plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley para solicitar esta medida. En este caso, se permite el uso de la fianza para que el arrendatario pueda afrontar el pago de la renta con más liquidez.
A estas medidas se podrán acoger los autónomos y las pymes que hayan visto paralizada su actividad o aquellos que hayan reducido sus ingresos en un 75% en el mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento, respecto "a la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior". Además, tendrán que estar dados de alta como autónomos antes del inicio del estado de alarma.
De esta manera se amplía la cobertura de facilidades del alquiler, que ya estaba implantada para los alquileres residenciales. En estos casos, los inquilinos más vulnerables pueden solicitar una moratoria o la reducción del 50% del alquiler, soluciones que se aplican durante el tiempo que dure el estado de alarma, con la posibilidad de ampliarse hasta cuatro meses. En el caso de las moratorias, se devolverán las cantidades aplazadas sin ningún tipo de interés en los siguientes tres años.
El Gobierno cumple así una de las peticiones de la oposición. Desde el PP, se había exigido en numerosas ocasiones ayudar a los sectores de hostelería y restauración con el aplazamiento de rentas del alquiler e impuestos, además de simplificar la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y ampliar sus bonificaciones en las cuotas que deben pagar los empresarios a la Seguridad Social más allá de la finalización del estado de alarma.
