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El Gobierno de los Estados Unidos inicia el tercer cierre parcial de 2018 después de la falta de acuerdo en el Capitolio para sacar adelante el proyecto de presupuestos. Republicanos y demócratas no logran alcanzar un acuerdo después de que las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, incluyeran en la partida 5.700 millones de dólares para alzar un muro en la frontera con México.

Se trata del tercer cierre administrativo de la Administración Trump este año, una cifra que no se había alcanzado antes en la historia por ningún otro mandatario, después de un primer 'shutdown' en enero, que duro tres días, y otro segundo tan sólo al mes siguiente, en febrero, pero que apenas se alargo unas horas.

Lo cierto es que este jueves los dos principales partidos del país habían alcanzado un pacto para sacar adelante las cuentas gubernamentales. En la Cámara de Representantes los republicanos salieron victoriosos, pero no tuvieron la misma suerte en el Senado, que ha vivido la sesión más larga de su historia sin llegar a puerto.

El propio Trump aseguró hace una semana que se sentía "orgulloso de cerrar el Gobierno en nombre de la seguridad fronteriza”. A diferencia de los otros cierres, el presidente ha asegurado que este puede "ser muy largo".

El cese de los fondos del 25% de la Administración implica que dejen de prestar servicios nueve departamentos federales, entre los que figuran el de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, y las agencias que dependen de ellos. Asimismo, cerca de 380.000 trabajadores se quedarán sin trabajar y sin cobrar temporalmente y unos 420.000 funcionarios “esenciales” trabajarán sin recibir su sueldo hasta que busque una salida al bloqueo presupuestario.

En términos económicos, el 'shutdown' implica unas pérdidas aproximadas de 1.200 millones de dólares del PIB cada semana que dure el cierre, según Standard & Poor's.

El Congreso estadounidense retomará las negociaciones este sábado con el objetivo de acercar posturas en lo que hasta ahora ha sido un callejón sin salida y para despachar un proyecto de ley con unos fondos que permitan reabrir el Gobierno antes de 2019.

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