El decreto de ayudas que ha aprobado el Consejo de Ministros en la reunión extraordinaria de este viernes está dotado con 11.000 millones de euros, como anunció hace unas semanas el presidente Pedro Sánchez. Nadia Calviño ha confirmado que 7.000 millones serán para ayudas directas a pymes y autónomos, lo que supone una victoria de las tesis de Unidas Podemos frente a la intención de la ministra de Economía, partidaria inicialmente de dar solo 2.000 millones de dinero a fondo perdido.
En este sentido, el Gobierno repartirá finalmente transferencias directas de entre 3.000 y 200.000 euros a empresas y autónomos que acrediten una caída de ingresos de, al menos, un 30% respecto a 2019 debido a la pandemia. Un dinero que deben destinar al pago de deudas contraídas con proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020, como ha explicado el Ejecutivo.
Estos recursos van dirigidos a los sectores más afectados por el Covid-19 y habrá un compartimento especial para reforzar el apoyo a las empresas de Islas Baleares y Canarias, que recibirán 2.000 millones de euros por el impacto diferencial derivado del especial peso del turismo en su economía. Dichas ayudas podrán llegar al 40% de la caída de ingresos para las micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de empresas.
Después de una semana de intensas negociaciones en el seno de la coalición, el Gobierno finalmente ha dado luz verde a este ambicioso paquete de ayudas a empresas.
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El esquema final incluye tres fondos: un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO, que gestionará la banca, y estará dotado con 3.000 millones, para acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera; un segundo fondo para recapitalizaciones de empresas medianas por importe de 1.000 millones que se inyectará a través de la empresa pública estatal Cofides, con el objetivo de fortalecer la solvencia de empresas no cubiertas por el fondo ya gestionado por la SEPI; y el tercero, el más controvertido, que estará dotado con 7.000 millones de euros para dar ayudas directas a las pymes y autónomos afectados por la crisis asociadas a la Covid.
Los números se han acercado mucho a la demanda que hizo Unidas Podemos al Ministerio de Economía, al que reclamó que el montante de ayudas directas alcanzase los 8.000 millones de euros.
Y serán finalmente las comunidades autónomas quienes gestionen ese dinero, una de las decisiones más controvertidas de este plan. Los ministerios de Economía y de Hacienda insistían en que fueran los gobiernos autónomos, frente a otra parte del Gobierno que prefería que fuera la Agencia Tributaria. Finalmente, Hacienda ejercerá una labor de control de esas ayudas.
Según ha explicado Economía en una nota, la concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y de aumento de retribuciones del personal directivo.
Asimismo, el decreto contempla una prórroga de las moratorias concursales hasta finales de 2021, además de otras medidas para facilitar el aplazamiento de deudas tributarias.
El Gobierno ha insistido en que en 2020 ya se movilizaron ayudas directas y de apoyo a la liquidez para familias, empresas y autónomos que ascendieron al 20% del PIB, situando la respuesta española a las consecuencias sociales y económicas del Covid-19 entre las más elevadas de los países de la UE. Ahora remarca que las medidas aprobadas este viernes, junto a las ya previstas para responder a la pandemia durante este año, "suponen un esfuerzo fiscal que supera el 2% del PIB para 2021".
"MENOR PLAZO DE TIEMPO"
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba este jueves que la idea del Gobierno es que dichas ayudas puedan llegar en el "menor plazo de tiempo", aunque también admitía que hablar de "días" sería "muy arriesgado", porque hace falta un trabajo de garantías jurídicas que permita asegurar que "el dinero llega y se emplea para los fines que están previstos".
La ministra volvió a negar "discrepancias" en el seno del Ejecutivo sobre el plan, asegurando que esa no fue la razón por la que se pospuso la aprobación del decreto, sino que fue por "causas técnicas".
