Después de más de un año de negociaciones en el Congreso y casi tres años de intensas negociaciones, el Gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo con sus principales socios parlamentarios, ERC y Bildu, para desbloquear la Ley de Vivienda, con lo que todo indica que su trámite parlamentario podrá culminarse antes de las próximas elecciones autonómicas y locales.
Con este acuerdo, el Gobierno se asegura por el momento el apoyo a la ley de 171 escaños, los que suman PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. De esta manera, al Ejecutivo únicamente le quedarían otros seis para conseguir mayoría absoluta.
Las dos formaciones han ofrecido este viernes una rueda de prensa en el Congreso para dar más detalles, donde han asegurado que consideran que se trata de un acuerdo importante y de gran calado, tanto social como político, por la considerable mejora que supondrá para las condiciones de vida de la ciudadanía.
"Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para una ley que por fin reconoce el derecho a la vivienda", ha señalado Oscar Matute, diputado de EH Bildu. "La ley interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, que pone coto a la especulación y los abusos y que frena el aumento descontrolado del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía", ha añadido.
Matute ha reconocido que les hubiese "gustado llegar más allá", por lo que se comprometen "a seguir trabajando para que el derecho a la vivienda esté al alcance de todas las personas".
Por su parte, Pilar Vallugera, diputada de ERC, ha destacado que se trata de "una ley garantista para la sociedad en conjunto" con la que se acaban los desahucios sin fecha y hora predeterminada y serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas, según ha detallado.
REGULACIÓN, TOPE AL PRECIO, DESHAUCIOS, GRANDES TENEDORES...
En concreto, el acuerdo se basa en siete claves. La primera tiene que ver con la regulación de todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos, "sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos". Estos topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. Estas medidas contendrán y reducirán los precios de manera efectiva.
En segundo lugar, plantea mejorar y facilitar las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control. Así, la declaración de áreas tensionadas se declarará cuando se cumpla una de las dos condiciones que la Ley establece: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Bastará con el cumplimiento de una de las dos condiciones para ello, en vez de ambas como establecía el proyecto del Gobierno, y además se rebajará de 5 a 3 puntos el umbral de aumento sobre el IPC para declarar las zonas tensionadas.
En tercer lugar, se rebaja la definición de gran tenedor de diez a cinco inmuebles, con lo que los propietarios que posean cinco o más inmuebles en área tensionada se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios, "reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión".
El cuarto acuerdo pasa por incorporar nuevas medidas de protección frente a los desahucios prohibiéndolos sin fecha y hora predeterminada, "demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos".
También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. Además, las CCAA podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Por primera vez se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias.
Estas nuevas medidas ofrecen nuevos instrumentos a las instituciones competentes en materia de vivienda, sean estas CCAA o entidades locales, a utilizar nuevos mecanismos que puedan evitar los desahucios injustificados y, en su caso, poder ofrecer y garantizar alternativas habitacionales.
En quinto lugar, y en materia de protección de inquilinos, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. "Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone. El servicio inmobiliario se presta al propietario y, por tanto, será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere".
Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente. Esto evita una posible vía para el fraude de ley en el incremento de rentas bajo estas excusas. También se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes, ya que, desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contrato a las medidas y derechos que contiene la Ley para conseguir el contrato. La eliminación de estas cláusulas cierra otra posible vía de fraude y protege a los inquilinos y a quienes buscan un contrato nuevo de alquiler.
La sexta clave del pacto incluye el límite de actualización anual de la renta de los contratos. Con ello se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. Durante 2023, se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual. Así, de cara a 2025, se pondrá en marcha un Índice de Contención de Precio inferior a la evolución de la inflación. Además, serán considerados grandes tenedores aquellos propietarios que posean más de cinco inmuebles, frente a los 10 en los que se fijaba anteriormente.
Por último, la Ley por el Derecho a la Vivienda respetará las competencias autonómicas y locales, "ofreciendo un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias".
ANTES DE QUE ACABE LA LEGISLATURA
"Creemos que desde el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Derechos Sociales hay voluntad para que esta ley vea la luz. Creemos que antes de que finalice la legislatura se podrá ver", ha matizado Matute.
Por su parte, desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que están "ultimando el acuerdo con el resto de grupos políticos": "Estamos a punto de culminarlo".
De su lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado en su cuenta de Twitter que "hoy desde el Gobierno impulsamos por primera vez una ley integral que nos permite avanzar en el derecho a la vivienda". "Queda mucho por hacer, pero por primera vez las CCAA y ayuntamientos tendrán un mecanismo para fijar los precios del alquiler y proteger a sus vecinos y vecinas".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha reaccionado con un mensaje en la red social: "Alcanzamos un acuerdo histórico para aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de nuestra democracia. Damos respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y reforzamos nuestro estado del bienestar".