La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.
"Tenemos que explorar todas las alternativas", ha indicado Calviño, que ha aclarado que una medida de esta naturaleza respondería más bien a los cambios en las propias vidas laborales de los trabajadores y a la tendencia que existe a la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. "Me consta que el ministro Escrivá ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones", ha apuntado.
Preguntada por el rechazo que genera la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones entre Podemos y los sindicatos, la ministra, en declaraciones a La Sexta, ha subrayado que se buscará el máximo consenso social y político a la hora de reformar las pensiones, pero ha insistido en que tienen que explorarse distintas alternativas.
Calviño ha afirmado además que el propio Pacto de Toledo, aunque no especifica que deba aumentarse el periodo de cálculo de las pensiones en un número concreto de años, sí aboga por "valorar y explorar" las reformas que están en marcha. Una de esas reformas, precisamente, tiene que ver con el periodo de cálculo de la pensión, cuyo aumento está siendo progresivo. Este año se toman en cuenta los últimos 23 años de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 se irá a 25 años.
La alternativa que baraja el Gobierno de ampliar de 25 a 35 los años cotizados para calcular la pensión arrancaría, por tanto, a partir de 2023 siempre y cuando esa medida formara parte de la futura reforma de pensiones. Dicha ampliación tendría efectos sobre la cuantía de la pensión, generalmente negativos, pero al ser preguntada por esto Calviño ha indicado que se propone excluir del cómputo aquellos años que sean más negativos para el trabajador.
En todo caso, Calviño ha pedido "tranquilidad" porque el Gobierno tiene un compromiso firme con la revalorización de las pensiones y con la sostenibilidad a futuro del mismo. "Y vamos a abordar las reformas buscando el máximo consenso social y político", ha vuelto a señalar.
SALARIO MÍNIMO
Por otro lado, Calviño ha afirmado este lunes que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es "partidaria" de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación "esté más enfilada".
Ha señalado que el Gobierno tiene un compromiso "muy claro" con la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas, pero "la cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno" para incrementar esta renta mínima. "El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre", ha explicado.
La ministra ha indicado que no es lo mismo elevar el SMI en un contexto de crecimiento económico que hacerlo cuando existe una previsión de caída del PIB de dos dígitos. "Nosotros tenemos que tomar una decisión que sea la adecuada desde el punto de vista del interés general y nuestra prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico y empleo", ha apuntado Calviño.
Preguntada por si las empresas no podrían asumir un incremento del SMI de 9 euros mensuales, que es lo que aumentaría de elevarse esta renta lo mismo que las pensiones, el sueldo de los funcionarios y la previsión de IPC para 2021, la vicepresidenta ha sido muy clara: "No estamos hablando de que se lo permitan o no las empresas. Estamos hablando de imponer una decisión a empresas que no saben si abren o no el año que viene, si contratan o no".
Por ello, la ministra se ha mostrado partidaria de esperar a más adelante para subir el SMI en el caso de que los agentes sociales no se pongan de acuerdo, cosa que parece bastante probable dado que los sindicatos piden una subida de al menos el 1,8% para 2021 y la CEOE es partidaria de congelarlo.
Por otro lado, Calviño ha reiterado que es intención del Gobierno extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero de 2021 si sigue siendo necesario.
