El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros y a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la concesión de un préstamo por importe de 6.330 millones del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo es sufragar la paga extraordinaria de Navidad, que se abona el 1 de diciembre.
Este crédito es la segunda entrega de una partida de 13.830 millones consignada en los Presupuesto Generales del Estado para 2018, de los que ya se han utilizado 7.500 millones de euros el pasado mes de junio. De este modo, la partida total que se destinará al pago de las pensiones en noviembre asciende hasta los 18.000 millones de euros.
Asimismo, como la cantidad no es suficiente para cubrir los gastos de la paga extraordinaria, el Ejecutivo dispondrá de 3.000 millones de euros adicionales del Fondo de Reserva de las pensiones.Cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de mayo, las previsiones del Comité de Gestión del Fondo de Reserva eran utilizar 5.000 millones para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, según consta en las actas de este órgano. Sin embargo, la mejora de la recaudación ha permitido reducir la disposición a los 3.000 millones de euros.
En este sentido, la ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha recordado que el Gobierno socialista se encontró dicho fondo con una cantidad de 8.000 millones de euros, mientras que el Partido Popular se encontró la hucha con 67.000 millones de euros cuando alcanzó la presidencia en 2011.
El Gobierno culpa al PP de vaciar el fondo de reserva en unos 59 millones de euros
El problema no sólo tiene una dimensión financiera, sino también contable, según ha explicado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en un comunicado posterior al Consejo de Ministros. La aprobación en la discusión presupuestaria de la revalorización de las pensiones en el 1,6% en lugar del 0,25% abonado en enero, se realizó sin hacer la previsión en el estado de ingresos de la cantidad necesaria para financiar este gasto. Por este motivo, tampoco se consignó financiación para la subida de la Base Reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56% abonada a finales de agosto.
Esta decisión vulneró la legislación presupuestaria y los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado y, en consecuencia, ha forzado a la Seguridad Social a tramitar una ampliación de crédito por 1.497 millones de euros al amparo de la vigente normativa.
En cualquier caso, Celaá ha insistido en al voluntad del Gobierno de salvaguardar la viabilidad del sistema público de pensiones y garantizando, "en todo momento", el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
