El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley que contiene el primer bloque de medidas dirigidas a reformar el sistema público de pensiones este martes en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. El objetivo del Ejecutivo es que pase el trámite del Congreso de los Diputados para que entre en vigor antes de final de año.
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La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión que estas reformas son imprescindibles, ya que forman parte de los compromisos adquiridos por España con la Comisión Europea en el marco del programa de rececpción de fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La nueva regulación suprime los aspectos más polémicos de la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, entre las cuales está el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limita su subida anual a un 0,25% cuando hay déficit, y el factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
"ES UNA RAZÓN DE JUSTICIA TRAS UNA DÉCADA DE INCERTIDUMBRE"
"Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre", ha defendido Rodríguez, que cree que la reforma "recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo" y supone "recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de los de mañana".
Las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.
Además de la recuperación del IPC como referencia a la hora de subir año a año las pensiones y derogar el factor de sostenibilidad, la reforma introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
Entre ellas, un cheque de hasta 12.000 euros o un 4% de pensión adicional de por vida, la eliminación de excepciones en las cláusulas de jubilación forzosas o la mejora y flexibilización de coeficientes reductoras en las jubilaciones anticipadas, tal y como ha dicho la portavoz del Ejecutivo.
Asimismo, se prevé un nuevo mecanismo para sustituir el derogado factor de sostenibilidad, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo para acordarlo en el marco del diálogo social. La previsión del Gobierno pasa por poder introducir esta regulación vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta reforma.
EL GOBIERNO DICE QUE "ES SUSCEPTIBLE DE SER MEJORADO" EN EL CONGRESO
Precisamente por esta tramitación parlamentaria ha sido preguntada Isabel Rodríguez, tras las críticas recibidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su presentación de las medidas acordadas. No solamente de PP, Vox y Ciudadanos, sino también de socios parlamentarias del Gobierno, como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu.
Rodríguez ha recordado que el acuerdo de pensiones viene "precedido por el acuerdo del Pacto de Toledo en el que estuvieron la mayoría" de formaciones parlamentarias, pero que además "viene avalado y respaldado por el diálogo social".
"Creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por parte de todos los grupos políticos en el Parlamento", ha señalado e, incluso, el proyecto de ley, ha dicho, "es susceptible de ser mejorado en la tramitación parlamentaria". "Espero que se intensifiquen esos trabajos", ha dicho Rodríguez.
