Las ayudas al sector agrícola y ganadero por la sequía y los efectos de la guerra de Ucrania ascenderán a 2.200 millones de euros. Así lo ha comunicado el Gobierno al término del Consejo de Ministros de este jueves, donde se ha aprobado un real decreto-ley a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla un importante paquete de 636 millones de ayudas directas para aliviar la situación del campo español.
De estas ayudas directas, 355 millones de euros serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura. Todavía está pendiente que el ministro de Agricultura, Luis Planas, detalle las cuantías que corresponden a cada cultivo y zona. Asimismo, entre las medidas aprobadas, destaca la subvención del 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más afectados por esta situación. El Gobierno cifra el impacto económico de estas medidas en más de 784 millones de euros.
Por otro lado, MITECO aportará 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. La cartera de Teresa Ribera también contempla la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.
Sobre esto último, el Gobierno ha aprobado la sustitución de los bombeos de agua subterránea que abastecen a la conurbación de Matalascañas por aguas superficiales procedentes de la estación potabilizadora de Palos –Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras–, así como la transferencia de 3 hectómetros cúbicos anuales. Las obras necesarias para ejecutar este trasvase y abastecer al municipio serán asumidas por el Estado central.
Asimismo, el real decreto-ley establecerá los criterios a seguir para que las autonomías puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). Además, se amplia hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de solicitudes.
EXENCIÓN DEL IBI
El Ejecutivo también eximirá del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias del 20%, si se sitúan en zonas con limitaciones naturales, o del 30%. zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.
Planas también ha recordado que Hacienda contempla desde abril una “importante” rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25% lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.
Asimismo, se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC. También quedarán eximidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
APOYO A LOS REGANTES
Para ayudar a los regantes que este 2023 sufran una reducción de su dotación de agua, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.
Asimismo, de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que se crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 y llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
Por otro lado, el Gobierno acelerará la construcción de importantes infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, con un presupuesto estimado de 35,5 millones.
En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña –una planta en Tordera, con un coste de 220 millones–, en Málaga y Almería –200 millones–, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.
Igualmente, se ha dado luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
APLAZAMIENTO DE LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
