El Gobierno ha informado de que no aprobará la senda de reducción de déficit y de deuda hasta no haber eliminado el veto del Senado a la misma en una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, el primero que se ha celebrado tras el parón de verano. En concreto, ha asegurado que una vez se apruebe esa reforma se encontrarán "en condiciones de aprobar la senda y de hacer unos Presupuestos".
Para reformar esta ley orgánica, el PSOE ha registrado una proposición de ley junto a Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís. Calvo ha informado que los grupos han solicitado la tramitación por la vía de urgencia y en lectura única, lo que acortaría los plazos de tramitación parlamentaria a la mitad, ya que no tendría que pasar por la fase de ponencia y comisión, sino que podría verse aprobada en sesión plenaria. Para ello, la iniciativa deberá contar con mayoría absoluta, al tratarse de una modificación de ley orgánica.
La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria busca volver al mecanismo que fijó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, creado por el entonces ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes, y que fue modificada por Cristóbal Montoro. El texto de la proposición de ley sigue obligando al Gobierno a presentar a las Cortes el techo de gasto y la senda del déficit, lo que se considera el prólogo de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente. Como hasta ahora, esa senda del déficit será debatida y votada sucesivamente en el Congreso y en el Senado, y lo que hace la reforma es que el rechazo de la Cámara alta no sea irreversible, sino que el veto podrá ser levantado después en el Congreso por mayoría simple.
El PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC y Compromís creen que no es "lógico" que el PP, "con poco más del 30% de los votos, mantenga una capacidad de veto y de bloqueo hacia las decisiones que puedan adoptar la mayoría de la representación de la ciudadanía española en el Congreso". Por eso han presentado la mencionada proposición de ley, para "restituir la normalidad en el procedimiento legislativo que establece la Constitución Española, posibilitando al Congreso, sede de la soberanía popular, adoptar las decisiones definitivas, tal y como ocurre con el resto de la legislación".
¿LLEGARÁN LOS PGE A TIEMPO?
Este nuevo proceso que se ha iniciado podría provocar que el Gobierno no llegue a presentar los Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma. Lo ha reconocido Calvo, que ha admitido que el gabinete de Pedro Sánchez se enfrenta a "plazos muy ajustados" para la presentación en las Cortes del proyecto de Presupuestos, de forma que podría no llegar a cumplir con la fecha tope del 30 de septiembre.
"Es evidente que iremos con los plazos muy ajustados. Llegaremos muy ajustadamente o no", ha dicho la vicepresidenta, que ha aprovechado para destacar que lo importante es disponer de cinco décimas más de déficit "para recuperar derechos, restablecer igualdades rotas, mejorar servicios y mejorar el Estado de bienestar". Y "para alcanzar ese objetivo no nos importan el trámite ni los pasos de los trámites". Tal y como ha explicado Calvo, "es un objetivo tan importante para la realidad de este país" que "para el Gobierno merecen la pena todos los trámites previos, incluido el que no lleguemos a algún plazo puntual concreto", ha remarcado.
Incluso ha recordado que el Ejecutivo anterior, liderado por Mariano Rajoy, "incumplió directamente la Constitución" al no hacer Presupuestos Generales del Estado en algún ejercicio.