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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eduardo Parra - Europa Press

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se aplaza la tramitación parlamentaria de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el periodo 2025-2027 ante la falta de apoyos parlamentarios.

El objetivo que persigue el Gobierno con este aplazamiento de la tramitación de la senda es "dar más tiempo a la negociación" ofreciendo una "nueva oportunidad al diálogo". "El Ejecutivo quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al darles más capacidad de gasto para reforzar los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia", han remarcado.

En este sentido, han querido recordar que la senda de estabilidad presentada por el Gobierno y que fue avalada por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio, "flexibiliza los objetivos de déficit para las comunidades y los ayuntamientos en 2025 y 2026".

En concreto, la senda planteada por el Gobierno ofrece dos décimas más de margen fiscal cada año a las autonomías. En el caso de las entidades locales suponía una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026, respecto a la senda anterior vigente. En total, implica casi 12.000 millones de euros más de capacidad de gasto a CCAA y ayuntamientos.

"La decisión adoptada es un ejercicio de responsabilidad de un Gobierno que mira por el interés general y busca mejorar la vida de los ciudadanos preservando los recursos para la sanidad, la educación o la dependencia en todos los territorios", han afirmado desde el Ejecutivo.

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