El Gobierno aplaza regular la vivienda turística pese al caos autonómico

El Gobierno ya se ha pronunciado sobre la actual situación regulatoria de las viviendas turísticas en España, y lo califica de “batiburrillo”. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, aseguró que se establecerán unas “reglas del juego” como base para las comunidades autónomas, pero aún no se ha planteado cómo hacerlo. De hecho, desde el Ministerio de Turismo aseguran que, pese a las palabras de la ministra, aún no hay nada puesto en marcha.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido la última en hacer un llamamiento para conseguir una regulación más homogénea. El organismo ha creado un grupo de trabajo con las autoridades de competencia de cada comunidad autónoma para actuar “en la misma dirección”. Desde 2013, las comunidades son las que tienen competencia para regular estos alojamientos, según la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler.

Y, mientras tanto, tal y como recordó José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, los tribunales siguen tumbando las normativas autonómicas que, afirman, vulneran la libre competencia al tratar de frenar el crecimiento de estos alojamientos. Barcelona ya acumula tres sentencias condenatorias, pero no es la única: Madrid, Oviedo, Valencia o las regiones de Canarias y Castilla- La Mancha también han perdido frente a los tribunales la batalla por limitar estos alojamientos.

Eso sí, el mensaje de la ministra ha sido bien acogido en el sector de las viviendas turísticas, si bien dudan de cómo se ejecutará. “Creemos que es el momento de enviar un mensaje claro a las autonomías y organismos locales en términos de regulación y no de prohibición”, opina Adolfo Merás, presidente de la asociación Madrid Aloja.

Más pesimista se muestra Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista: “Seguramente el gobierno tenga la tentación de prohibir, vetar, impedir… cuando sería más útil promocionar y aprovecharse del desarrollo de los pisos turísticos para generar ingresos para los vecinos que están expuestos directamente a los pisos turísticos”.

En concreto, las asociaciones del sector apuntan a que el principal problema para una conseguir unas pautas a nivel nacional es la falta de uniformidad en la definición del término “vivienda turística”: “No puede haber 17 interpretaciones diferentes”, critica Enrique Alcántara, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur).

La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler apenas destina un párrafo a la vivienda turística, y no define exactamente el concepto. Por ello, cada región tiene su propia denominación y, por tanto, criterios diferentes para regularla. “Si bien hay que respetar la competencia turística de cada región, hay que definir el término”, señala Bartolomé Gomila, presidente Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). En opinión de Alcántara, la normativa que más se acerca a dar unos criterios “muy sencillos y muy básicos” es la catalana, y considera que debería incluirse una definición así a nivel estatal.

Una vez hecho esto, tanto desde Apartur como desde Fevitur creen que las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberán seguir imponiendo sus propias condiciones y permisos, pues son quienes mejor conocen la realidad urbanística y turística de la zona.

Junto a esto, Adolfo Merás considera que en esas “reglas del juego” que aspira crear el Gobierno se debería “reforzar el mensaje de control fiscal, incidir sobre la protección de la convivencia y reforzar los derechos de los consumidores ante gestores y propietarios”. Además, cree que se debe insistir más en la seguridad en el cobro: “No puede ser que la mala voluntad o mala suerte del inquilino acabe siendo soportada por el propietario; estas situaciones debemos resolverlas a nivel país, no individualmente”.