La Generalitat valenciana topará los alquileres en las tres capitales de provincia (Valencia, Alicante y Castellón de la Plana) y en otros 80 municipios catalogados como de alta necesidad.
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, Héctor Illueca, ha firmado este viernes la resolución por la que se inicia el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley estatal 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
"Con la publicación de la ley ya tenemos a efectos inmediatos la limitación de aumentos en los alquileres del 2% para este año y del 3% para el año próximo. Además, una vez tengamos establecidas las zonas tensionadas podremos declarar grandes tenedores a partir de 5 viviendas", asevera en un comunicado.
En concreto, un total de 83 municipios tienen la catalogación de alta necesidad de vivienda (27 en Alicante, ocho en Castellón y 48 en Valencia), 83 de media (20 en Alicante, 13 en Castellón y 50 en Valencia) y 82 como baja (29 en Alicante, diez en Castellón y 43 en Valencia).
MUNICIPIOS CON ALTA NECESIDAD
Además de las tres capitales, estos son los municipios con alta necesidad: Tollos, Aspe, Pilar de la Horadada, Monòver, Gandia, Vilamarxant, Sollana, La Vall d'Uixó, Paterna, Borriana, Alcúdia de Crespins, Manises, Alzira, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Aldaia, Silla, Burjassot, Benicarló, Moncofa, Algemesí, Nules, Benaguasil, Alaquàs, Carlet, Carcaixent, Alfafar, Quatretonda, Picassent, Torrevieja, Almoradí , San Miguel de Salinas Alfauir, Villanueva de Castellón Paiporta, Moncada, Sagunt, Vinaròs, Sant Joan d'Alacant Elda, Casas Bajas, Massalavés, Alberic, Tavernes Blanques, Novelda, Eleche, Petrer, Requena, Callosa de Segura, Sax, Picanya, Agost, El Pinós, Santa Pola, Vila-real, Benagéber, L'Alcúdia, Quart de Poblet, Bétera, Alcocer de Planes, Benimuslem, Torrent, Càrcer, Massamagrell, Alcudia de Veo, Ondara,Xirivella, Tavernes de la Valldigna, Beniarjó, Almiserà, Bonrepòs i Mirambell, El Puig de Santa Maria, Pedreguer, Canals, Albal, Benejúzar y El Campello.
Para el titular de Vivienda, es una urgencia y una necesidad cuando se dé un sobreesfuerzo en el pago de la vivienda -es decir, más de un 30% sobre los ingresos familiares- y también cuando el incremento de precios sea de más de tres puntos porcentuales sobre incremento del IPC a lo largo de un periodo de cinco años.
Con esta resolución, Illueca ordena a la dirección general de Emergencia Habitacional la instrucción del procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de la información relacionada con la situación del mercado residencial en el ámbito de la Comunitat, tendente a la declaración de los ámbitos.
La orden conlleva la inminente aplicación de la Ley de Vivienda en la Comunitat tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE): "En la Generalitat ya tenemos los deberes hechos para su aplicación inmediata porque tenemos definidas cuáles son las zonas tensionadas -recalca el conseller- Desde 2020 que la contamos con la catalogación de las áreas de necesidad de vivienda, lo que nos proporciona una base técnica para poder aplicar sin demoras la ley. No es una cuestión menor, porque la declaración de zonas tensionadas nos permitirá controlar mejor los precios, evitar los abusos de los grandes tenedores y disponer también de financiación específica para nuevas construcciones, rehabilitaciones y otras intervenciones".
Entre las medidas contempladas en la norma para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda, destaca la posibilidad de que las administraciones competentes declaren zonas de mercado residencial tensionado, con el fin de "orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales".
A tal efecto, se establece que la declaración deberá ir precedida de un procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, incluyendo los indicadores de los precios en alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo; los indicadores de nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el tiempo que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada.
Por otro lado, Illueca destaca que la Ley de Vivienda avala "las políticas realizadas durante esta legislatura, que han supuesto iniciar una verdadera hoja de ruta tomando la vivienda como un derecho y no como un bien de negocio, que es lo que los gobiernos de la derecha hacen allá donde gobiernan en perjuicio de la ciudadanía y en beneficio de los fondos de inversión, de los grandes propietarios y poderes económicos". También resalta el "hito histórico para la democracia" que supone la norma estatal y las aportaciones realizadas por su departamento.
