La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó en mayo los 12.732,2 millones de euros, lo que supone un 6,3% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La cifra equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
Al mismo tiempo, la pensión media del sistema de la Seguridad Social asciende a 1.254,3 euros en este mes, un 5% más que hace un año. La pensión media de jubilación, por su parte, es de 1.441,5 euros.
Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.601 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 962,4 euros. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.804,17 euros, y es de 1.597,1 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de abril de 2024 (último dato) a 1.479,7 euros mensuales.
En mayo, la pensión media de viudedad, por su parte, alcanzó los 896,2 euros al mes.
Por clase de pensión, tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 9.313,3 millones de euros.
A pensiones de viudedad se han destinado 2.105,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.108,4 millones; la de orfandad, a 171,1 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,1 millones.
De los 10,1 millones de pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2,3 millones son de viudedad, y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (953.936), orfandad (340.503) y en favor de familiares (46.097). El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,3%.
En mayo, el número de pensionistas ha sido de 9,2 millones. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,5 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista se mantiene en 1,1 prestaciones por persona.
Por otro lado, de las nuevas altas en los primeros meses del año (110.479), el 69% fueron con edad ordinaria (76.275), mientras que un 10,5% se corresponden a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019.
SE REDUCEN LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS
El número de jubilaciones anticipadas, por el contrario, se reduce considerablemente. En abril, el 30,9% de las nuevas altas han sido jubilaciones anticipadas, cuando hace un año eran el 41%.
La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) fue de 8,45 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,61 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.
Además, respecto al complemento de brecha de género, en mayo, 752.061 pensiones cuentan con él, de las que en un 90% sus titulares son mujeres (675.565). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 71 euros. De las 752.061 pensiones complementadas, el 23,9% corresponde a pensionistas con un hijo (179.919); el 47,1% de los beneficiarios, con dos hijos (353.609); el 18,9% lo percibe por tres hijos (142.335), y por cuatro hijos, el 10,1% (76.198).
Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2024, de 33,20 euros al mes por hijo. Se solicita al mismo tiempo que se solicita la pensión.
Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.577,6 millones de euros en el mes de abril (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 108,1 millones de euros respecto a la del año anterior, un 7,4% más.
El número de pensiones en vigor fue de 10.138, 15.726 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,2% de variación anual).
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.