El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que es una "barbaridad" extender el estado de alarma hasta mayo, tal y como pretende el Gobierno, y pide revisarlo de forma más periódica.
Así lo ha señalado durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde ha dejado claro que comparte las medidas aprobadas para hacer frente a la nueva ola de la pandemia, pero no los plazos.
"Esto es coyuntural, no decimos que no apoyemos las medidas, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de la Semana Santa? ¿Nos la cargamos porque planteamos este plazo de mayo? Es una auténtica barbaridad", ha dejado claro.
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Casado ofrece a Sánchez ocho semanas de estado de alarma si cambia la leyAsimismo, el presidente de la patronal ha hecho hincapié en que los problemas coyunturales se deben resolver con arreglos coyunturales. "Cuidado con los gastos estructurales. Queremos que se arreglen las cosas, respetar lo que es la parte sanitaria, pero hay que tener en cuenta la parte económica", ha remarcado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la rueda posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo la aprobación del estado de alarma para toda España, con un plazo inicial de 15 días. Su objetivo es que esta situación sea prolongada por las Cortes Generales durante seis meses, hasta el 9 de mayo.
Por otra parte la declaración del estado de alarma, que concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, permitirá a las comunidades autónomas confinar total o parcialmente sus territorios.
Asimismo, establece un toque de queda desde las 23.00 horas hasta las seis de la madrugada, aunque puede ser modulado por las autonomías, adelantando a las 22.00 horas y retrasándolo hasta las doce de la noche. También lo pueden modificar para que finalice a las cinco o las siete de la madrugada.
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas, lo que permitiría "salvar" la campaña de Navidad, y a que se apruebe "de una vez" un marco legal a través de una modificación de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública que podría estar lista ya en diciembre.