El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ha reconocido que sus actividades de reestructuración y otras ordinarias han derivado en un impacto patrimonial negativo que ha alcanzado los 45.640 millones de euros. Mientras, el total de fondos inyectados en el sector bancario ha ascendido a 58.685 millones de euros, el 4,86% del Producto Interior Bruto (PIB), según consta en el informe '10 años del Frob 2009-2019' publicado este viernes.
Hasta el momento, el Frob ha recuperado 5.917 millones de euros, que han correspondido a las devoluciones de entidades como Banca Cívica (1.142 millones de euros), CajaSur (803 millones de euros) o BFA-Bankia (346 millones de euros).
A 30 de junio de 2019, el Frob mantenía una participación directa en BFA del 100% e indirecta en Bankia a través de BFA del 61,77%. Por esta posición, junto a la de Sareb, estima que podrían recuperarse 9.729 millones de euros. No obstante, precisa que las ayudas definitivamente recuperadas dependerán de la evolución y desinversión final en las participadas.
En una carta incluida en el documento de más de 200 páginas, el presidente del Frob, Jaime Ponce, ha asegurado que el balance de la actuación del organismo arroja un "buen servicio" al interés general, tanto en su gestión de la crisis como en su rol de encargado de intervenir en situaciones de riesgo para la inestabilidad financiera.
Ponce ha subrayado la necesidad de seguir trabajando para construir un futuro mejor a pesar a pesar de que "ya ha sido mucho lo vivido y aprendido", y de haberse encontrado con dificultades por el camino. Además, ha puesto de manifiesto la "gravedad" de los efectos de la crisis bancaria sobre el conjunto de la sociedad y ha remarcado lo "esencial" de contar con mejores instituciones para afrontar periodos de estabilidad financiera como el acontecido hace ya una década.
El Frob se creó a mediados de 2009 y fue dotado inicialmente con 9.000 millones de euros
"El Frob no ha dejado de actuar, aprender y crecer como institución pública encargada de intervenir en situaciones de riesgo para la estabilidad financiera y, por tanto, para el bienestar de todos los ciudadanos", ha señalado.
Para Ponce, la pasada crisis será recordada por ser una depresión económica e inestabilidad financiera "sin precedentes" desde la guerra civil. La institución que preside fue creada como respuesta pública a ese desafío mediante la intervención del Estado en el sector bancario.
Una década después, el presidente del Frob ha subrayado el "comprometido" trabajo de todos los miembros de la Comisión Rectora, así como al resto de empleados y colaboradores, a los que ha enviado un "sincero reconocimiento".
LA REACCIÓN ESPAÑOLA A LA CRISIS DE SUS BANCOS
De este modo, el Frob ha decidido ahora recopilar en un documento la sucesión de medidas, normas y actuaciones que le han definido. "Refleja una parte crucial de la reacción española a la crisis de su sector bancario", ha apostillado. El presidente del organismo de resolución ha subrayado la importancia que tiene este texto como registro de lo acontecido, de forma que opere como pieza para favorecer la memoria colectiva sobre los hechos antes de que el tiempo comience a desdibujarlos.
El informe se ordena en tres grandes bloques que abordan, en primer lugar, la evolución del papel del Frob en la crisis bancaria, contextualizando toda su actividad. Así, presenta la secuencia de circunstancias económicas y financieras y las reformas legales e institucionales que dieron forma a la intervención en el sector bancario a lo largo de los diferentes periodos.
El segundo bloque, trata las actuaciones del Frob entidad a entidad, recogiendo detalladamente cada una de las decisiones tomadas por banco intervenido. El último bloque sintetiza cuantitativamente el impacto económico. Es un compendio tanto de las cifras de ayudas públicas empleadas, como del origen y aplicación de los recursos.
El Frob se creó a mediados de 2009 y fue dotado inicialmente con 9.000 millones de euros con recursos tanto públicos, 6.750 millones de euros aportados por los Presupuestos Generales del Estado, como de los fondos de garantía de depósitos (FGD), que pusieron 2.250 millones de euros. En un principio se le atribuyeron dos únicas funciones: el apoyo a ciertos procesos de integración y, excepcionalmente, la reestructuración de entidades cuya viabilidad estuviera en peligro.
De hecho, las medidas en España inicialmente se centraron en atajar problemas de liquidez y fueron similares a las adoptadas en otros países de Unión Europea (UE). Si bien, a medida que la crisis se fue prolongando e intensificando, el nivel de activos dudosos creció significativamente y el foco de atención giró hacia la solvencia. Esta situación significaba que algunas entidades podrían ver su viabilidad comprometida a corto o medio plazo y que, de no gestionarse ordenadamente, podrían comprometer al conjunto del sector y de la economía española.
