La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone de manera excepcional que la revalorización de las pensiones para 2023 no se realice de manera generalizada con el IPC, sino que se gradúe en función de la cuantía de las prestaciones, de forma que las pensiones más altas suban en torno a un 2,5% y las más bajas, inferiores a 800 euros, se incrementen un 11%.
En un trabajo publicado este lunes por los expertos de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Díaz Mendoza, la entidad subraya que, dada la situación económica actual, el esquema de revalorización de las pensiones que plantean sería "más justo" que el actual para los mayores más vulnerables y para los jóvenes y permitiría un ahorro fiscal de 6.225 millones de euros sólo en 2023.
Los autores defienden que, en condiciones normales, debe evitarse la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, pero en el contexto actual, con una economía que aún no se ha recuperado de los efectos de la pandemia y "golpeada" por el alza de los precios de la energía, consideran que el sistema debe establecer "válvulas de escape" que permitan repartir la revalorización de las pensiones en varios años.
Fedea recuerda que esta recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo "se está pidiendo también a los trabajadores para evitar los efectos de segunda ronda de la inflación". "En consecuencia, se debería exigir a los jubilados con pensiones más altas", apuntan los autores, que recuerda que la inflación media de 2022, que estará en el entorno del 8,5%, será algo "excepcional" y un fenómeno inédito en España desde 1983.
Así, proponen, de forma excepcional, sustituir la revalorización generalizada de todas las pensiones con el IPC por una subida en función de la cuantía de la pensión.
En concreto, plantean que la pensiones mínimas, inferiores a 800 euros mensuales, suban un 11%, por encima de la inflación; que las pensiones con importes de entre 800 y 1.400 euros mensuales se revaloricen, gradualmente, desde el 11% al 2,5%, y que las pensiones que superen los 1.400 euros al mes aumenten un 2,5%, en línea con lo establecido para los empleados públicos.
En su opinión, esta propuesta "no sólo es más eficiente, sino más justa" por varios motivos. En primer lugar, Fedea entiende que sería "más solidaria" con los pensionistas más vulnerables, pues todos los pensionistas con una nómina inferior a 1.000 euros mensuales, que suponen más del 52% del total de perceptores, verían incrementada su pensión en una cantidad superior al 8,5% previsto por el Gobierno. "De este modo, se estarían concentrando los recursos fiscales escasos en los pensionistas más necesitados", defienden los autores.
Además, consideran "razonable" que las pensiones más altas participaran en el posible pacto de rentas que quiere alcanzar el Gobierno con los agentes sociales.
"La pensión máxima (39.500 euros anuales) supera en casi 15.000 euros el salario medio en España (25.125 euros) y en más de 5.000 euros el salario medio de los empleados públicos (34.608 euros). Una subida generalizada y automática de todas las pensiones en una situación económica tan complicada resulta menos progresiva", apunta Fedea.
Así, una subida generalizada del 8,5% supondrá un aumento de 860 euros anuales para los que perciben una pensión mínima, pero un alza mucho mayor, de 3.350 euros, para los que perciben la pensión máxima. "Es decir, con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tienen la pensión mínima", exponen.
AHORRO DE 6.225 MILLONES SÓLO EN 2023 QUE PODRÍA IR A REDUCIR DEUDA
Alegan además que subir las pensiones máximas un 8,5% obliga a subir las bases máximas de cotización un 8,5%, una medida que ven claramente contraria al pacto de rentas al implicar la elevación del coste salarial de muchos trabajadores cualificados, "lo que tendrá un efecto pernicioso sobre la inflación".
Al mismo tiempo, Fedea señala que la "asimetría" del nuevo mecanismo para revalorización las pensiones, "que impide bajar las pensiones si los precios caen", es un motivo adicional para la prudencia a la hora de proponer subidas generalizadas y automáticas del 8,5%. "No es descartable que, tras la resolución del conflicto bélico, caigan los precios de la energía, y con ellos, experimentemos bajadas de precios que, dada la asimetría del sistema de revalorización, no se verán reflejadas en las pensiones", explica.
Fedea defiende que su propuesta supone un ahorro fiscal de 6.225 millones en 2023, aunque sería una cifra "mucho mayor" a medio plazo dado que las subidas de pensiones se consolidan en el tiempo.
Este ahorro, añade la entidad, permitirá un uso más racional de los recursos y su utilización en medidas que beneficien a los jóvenes, como la reducción de la deuda pública o la mejora de la educación. "Se puede usar para reducir el nivel de deuda pública, que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes", apunta.
Fedea sostiene que, de mantenerse el aumento de tipos de interés registrado en 2022 en los próximos años, el gasto en intereses se incrementará en más de 20.000 millones en 2025, respecto al registrado a cierre de 2021, "por lo que debe ser prioritario reducir a una velocidad mayor el déficit público".
"Esto es más prioritario, si cabe, dado que sólo el Tesoro, con la deuda pública que hoy ya tiene emitida, tendrá que refinanciar en los próximos cuatro años (2023-2026) más de 500.000 millones de euros", señala.
