España se guarda la baza del 'veto por población' para asegurar la llegada de Guindos al BCE

El Gobierno español, que el pasado miércoles hizo oficial la candidatura de Luis de Guindos al puesto que dejará vacante en junio el portugués Vítor Constancio, se mueve por una premisa fundamental: España debe recuperar la influencia que le corresponde en el BCE como cuarta mayor economía de la Eurozona. Con la vicepresidencia, nuestro país recuperaría su presencia en el Comité Ejecutivo de la institución. España ya contó con dos representantes en la que es la auténtica 'sala de máquinas' del BCE, primero con Eugenio Domingo Solans, entre 1998 y 2004, y luego con José Manuel González-Páramo, entre 2004 y 2012.

Y hasta ahí. En el proceso de elección del sucesor de González-Páramo, España no logró colocar a su candidato, Antonio Sainz de Vicuña. Se rompió así el pacto tácito existente por el cual las cuatro mayores economías del euro -Alemania, Francia, Italia y España- siempre ocuparían cuatro de las seis sillas del Comité.

Tal como el propio Guindos subrayó durante la rueda de prensa que ofreció tras hacerse oficial su candidatura, los de 2012 eran otros tiempos económicos para España. "El contraste es notable", afirmó en referencia a la recesión que sufría la economía española hace seis años y el crecimiento que exhibe ahora.

Por este motivo, España sabe que es su turno. Que llega el momento de resarcir aquella decisión, elevando incluso la apuesta con la aspiración de la vicepresidencia, un puesto que nunca ha ocupado un español. "Tenemos los apoyos suficientes", aseguró Guindos y se insiste desde fuentes del Gobierno.

El proceso de elección define cuántos deben ser esos apoyos para ser suficientes. En principio, todo empezaría a resolverse el próximo lunes, 19 de febrero. Ese día se reunirá el Eurogrupo, que tendrá que decantarse por el Ministro de Economía español o por el candidato de Irlanda, el actual gobernador de su banco central, Philip Lane. Será elegido quien obtenga el respaldo de una mayoría cualificada de al menos 14 de los 19 países que tienen el euro como moneda común, siempre que sean representativos de "al menos el 65% de la población".

Hasta la fecha, el Consejo nunca ha llevado la contraria al Eurogrupo. Por eso la cita del 19 de febrero es tan crucial. Y por eso España quiere asegurarse que nada saldrá mal ese día

El Ejecutivo español cuenta con solventar la situación 'por las buenas'. Esto es, con un respaldo directo de por los menos esos 14 países, representativos de un porcentaje de población superior a ese 65%. De hecho, y como sugirió incluso Luis de Guindos el miércoles, podría darse finalmente un "candidato de consenso", en el sentido de que la mayoría del ministro de Economía estuviera tan clara que Lane diera un paso al lado, para aparcar su llegada al Comité a la sucesión del actual economista jefe del BCE, Peter Praet, en 2019. Guindos, por tanto, sería el candidato propuesto por el Eurogrupo al Ecofin, que el 20 de febrero adoptaría formalmente su designación para elevarla al Consejo Europeo, que tomará la decisión definitiva en la reunión de los días 22 y 23 de marzo.

Pese a este convencimiento, y precisamente por la necesidad de que esta vez no se escape la elección del candidato español, el Gobierno también hace cálculos con un 'plan B': el del veto por población. Actualmente, la Eurozona cuenta con 341 millones de habitantes, de los que 46,5 millones son españoles. Es decir, España representa el 13,6% del total.

Este porcentaje es clave como base para ese 'plan B' en caso de que España no logre el respaldo exigido de 14 países. Esta posibilidad podría producirse en caso de que varios países pequeños decidieran oponerse a la candidatura española e inclinarse por la irlandesa. Podrían actuar así para oponerse a que los 'países grandes' acaparen toda la plana mayor del BCE, puesto que todo indica que en 2019 el sucesor del presidente Mario Draghi será un alemán o un francés.

Este escenario obligaría a España a responder para defender sus intereses, y lo haría recurriendo a esa cláusula que establece que el candidato elegido debe contar con el apoyo de países que, al menos, representen el 65% de la población. La reacción, eso sí, precisaría pactos y contrapartidas. La vía más directa, y de la que el Gobierno es bien consciente, pasaría por una alianza con Alemania, que respaldaría a España con el compromiso de que España apoyará a su vez al candidato alemán en la sucesión de Draghi en 2019. Con la suma de las poblaciones de los dos países -46,5 millones de españoles y 82,3 millones de alemanes- se alcanzaría cerca del 38% de la población de la Eurozona, con lo que Lane no llegaría al 65% requerido y se bloquearía así su elección.

Otra combinación posible sería la de la suma de España, Francia y Portugal -36,5% de la población total-, apoyos con los que también parece contarse. Eso sí, estas cábalas también están supeditadas a las propias aspiraciones de Alemania y Francia en el relevo de Draghi, aunque en este sentido España es igualmente consciente de que su porcentaje de población será muy atractivo en los relevos previstos tanto en el BCE como en otros organismos europeos en los próximos meses.

No es la 'solución' preferida por el Gobierno, que desea una 'designación limpia', pero representa una alternativa que no se dudará en emplear porque "esta vez no se puede fallar". De hecho, en 2012, y precisamente ante el rechazo a la candidatura de Sainz de Vicuña, España ya bloqueó la de la persona elegida en su lugar, el luxemburgués Yves Mersch. Aquel veto no sirvió de mucho, porque Mersch fue elegido varias semanas después, pero sí manifestó el malestar español por la ruptura de ese pacto tácito. Ahora, y dada la relevancia que esta designación tiene para que España recobre peso y pulso en Europa, el veto no se limitaría a la elevación de una 'queja', sostienen fuentes conocedoras de la situación.

EL PRECEDENTE DE 2012

El Ejecutivo español, sin embargo, está convencido de que no será preciso ir tan lejos. Y da por hecho que Luis de Guindos logrará el apoyo del Eurogrupo. Pasará así la primera -y más determinante- criba, aunque el camino aún no habrá terminado. La propia elección de Mersch en 2012 así lo acredita.

Antes incluso del 19 de febrero, Guindos y Lane serán 'examinados' este miércoles en el Parlamento Europeo (PE). Luego tendrá lugar el cónclave del Eurogrupo, que entregará su veredicto al Ecofin para que este, a su vez, lo traslade al Consejo Europeo, cuya resolución se espera para el cónclave de los días 22 y 23 de marzo.

Aunque la opinión del Parlamento Europeo no es vinculante, sí podría mostrar una opinión contraria a cualquiera de los dos candidatos para denunciar la ausencia de mujeres entre las personas propuestas

En ese mes de intervalo será el turno del BCE y del propio PE. En el caso del primero, aunque no ven con los mejores ojos el desembarco directo de un ministro en el banco central, no está previsto que emita una opinión contraria a su designación.

En cuanto al PE, el margen de sorpresa puede ser mayor. Ya ocurrió en 2012, cuando se opuso al nombramiento de Mersch, no porque tuviera nada contra el luxemburgués, respaldado por Alemania para reforzar su posición ortodoxa en el BCE, sino porque era candidato y no candidata. Es decir, para denunciar la escasa presencia de mujeres en el seno de la institución monetaria. Seis años después, y sin que la situación haya cambiado desde entonces -con sólo una representante entre los seis puestos del Comité Ejecutivo y dos entre los veintiséis componentes del Consejo de Gobierno-, tal vez el Parlamento, que había solicitado abiertamente la presentación de candidatas al proceso de relevo de Constancio, se muestre de nuevo contrario al candidato elegido por el Eurogrupo. Como ya pasó con Mersch, si bien una opinión contraria del Parlamento no evitará su nombramiento porque su opinión no es vinculante, sí podría retrasar el proceso. Mersch fue elegido por el Eurogrupo en julio de 2012, y su confirmación final se demoró hasta noviembre.

Finalmente, el caso siempre desembocará en el Consejo Europeo, que ratificará al candidato con una mayoría cualificada, tal como recoge el artículo 283.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. "La mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65% de la población de dichos Estados", establece a su vez el artículo 238 de dicho Tratado. Hasta la fecha, eso sí, el Consejo nunca ha llevado la contraria al Eurogrupo. Por eso la cita del 19 de febrero es tan crucial. Y por eso España quiere asegurarse que nada saldrá mal ese día.