¿España nos roba? La gran mentira de la Generalitat de los 16.000 millones de euros

Este martes, en la extraña sesión del Parlamento catalán en la que el presidente habló de un mandato para declarar la independencia pero tiempo para dialogar, repitió el supuesto agravio. Además, con sarcasmo, mientras que trataba de restar importancia al éxodo reciente de empresas que, por ejemplo, ha dejado a la región sin que el sector financiero tenga sedes sociales en la comunidad: “No tiene efectos reales en nuestra economía como sí los 16.000 millones de euros catalanes que son obligados a cambiar de sede social cada año”, dijo Puigdemont.

Es decir, echó mano de uno de los mantras creados para construir una idea de una Cataluña más próspera si se separa de España. Un mensaje colectivo que cuestiona la huida de empresas, los repetidos mensajes de Bruselas sobre que estaría fuera de la Unión Europea -y, por extensión, de la Eurozona- o el ‘corralito’ que anticipan desde la CUP, partido que es socio clave para que el bloque independentista tenga mayoría en el Parlamento catalán.

Puigdemont: la salida de empresas "no tiene efectos reales en nuestra economía como sí los 16.000 millones de euros catalanes que son obligados a cambiar de sede social cada año”

Esos 16.000 millones proceden de las cuentas de la Generalitat en el año 2009. Entonces, el Departamento de Economía estimó que la balanza fiscal entre Cataluña y el resto de España arrojó un déficit de 16.409 millones de euros. Mientras que en 2008 fue de 17.200 millones, tras dispararse desde entornos de 8.000 millones en 2000 y 2001. Posteriormente, en 2010 fue de 16.543 millones, en 2011 de 15.006 millones y en 2012 de 14.623 millones de euros. Para ejercicios posteriores, no hay datos.

Ni siquiera en estas estimaciones de la Generalitat, la cifra de 16.000 millones anuales sería válida. La media entre 2000 y 2012 es de 14.000 millones de euros. Este cálculo se dispara para los ejercicios en los que el Estado tuvo mayor déficit público, incluyendo al Govern catalán que acumula importantes desequilibrios presupuestarios.

La idea que subyace a las estimaciones de los famosos 16.000 millones es que junto a la diferencia entre la recaudación en Cataluña y los fondos disponibles a través de la financiación autonómica junto con la intervención del resto de administraciones en la región se le suman los futuros recursos que tendrán que aportar los catalanes para cubrir el déficit público español, que se traduce en emisión de deuda. Todos estos cálculos están bajo el enfoque de flujo monetario que trata de medir dónde está el impacto económico de un gasto o un impuesto, mientras que el enfoque de carga-beneficio, que es el que utilizan los estudios del Estado, comparan el beneficio y el coste de la acción del sector público. En cualquier caso, el propio ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell rebajó la estimación del excedente catalán a menos de 3.000 millones de euros.

SOLIDARIDAD ENTRE COMUNIDADES

La realidad es que Cataluña tiene un saldo fiscal negativo con el resto de España. Como también Madrid y las comunidades autónomas con un Producto Interior Bruto (PIB) mayor que la media, salvo las excepciones de País Vasco y Navarra por su foralidad, que reclamó Artur Mas en 2012 décadas después de que Jordi Pujol rechazara esta opción. El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en septiembre el informe de Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas de 2014. Este estudio de Dirección General de Presupuestos y varios expertos como Ángel de la Fuente recopila todo el gasto de las administraciones públicas y los ingresos tributarios en cada comunidad. El mayor déficit fiscal fue el de Madrid, con un saldo negativo de 14.189 millones de euros, mientras que Cataluña tuvo números rojos de 4.046 millones -70.376 millones en ingresos y 66.330 millones en gastos-. También tiene un saldo negativo Baleares, de 657 millones.

Si el cálculo se realiza neutralizando el déficit público de administración, que en 2014 fue de 36.335 millones de euros, el déficit fiscal de Cataluña se eleva hasta los 9.892 millones -5% del PIB y 1.317 euros por habitante-, aún lejos de los 16.000 millones mencionados por Puigdemont y menos de la mitad del saldo negativo de 19.205 millones para Madrid -9,82% del PIB y 2.979 euros por habitante-. En Baleares la diferencia sigue siendo negativa y alcanza los 1.516 millones de euros, mientras que la Comunidad Valenciana pasa a tener un saldo negativo de 1.735 millones de euros.

En cuanto a los recursos de los que dispone el Govern, el actual sistema de financiación autonómica está pendiente de reformarse, pero precisamente el cambio está empantanado con la crisis catalana. Actualmente, con la reforma de 2009 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los recursos proceden de los tributos cedidos -principalmente, el 50% del IVA, el 50% del IRPF, el 58% de los impuestos especiales y el impuesto sobre la electricidad- y con una transferencia del Estado del 25% del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales -el 75% restante procede de aportaciones de las comunidades-, cuyo objetivo es acercar los recursos por habitante ajustado que reciben todas las regiones.

Así, el modelo se basa en la solidaridad interterritorial. Igual que para los presupuestos de la Unión Europea aportan más los que más capacidad tienen -como Alemania, que aporta más en términos relativos que Grecia-, o en las declaraciones individuales de la renta. Eso sí, el sistema es complejo. El citado fondo de garantía tiene en cuenta la población, superficie, dispersión, si hay insularidad y la pirámide demográfica. Asimismo, el fondo de suficiencia global sirve para mantener el statu quo de cada región tras un cambio del modelo. Mientras que el fondo de competitividad beneficia a las comunidades que se quedan por debajo de la media o de su índice de capacidad fiscal, y los fondos de cooperación y convergencia sirven para reducir las diferencias entre regiones.

Todo este cóctel articula un déficit fiscal, si se compara la capacidad recaudatoria de los tributos cedidos con los recursos recibidos en igualdad de competencias, de 2.551 millones de euros en 2015, según las estimaciones del economista Ángel de la Fuente en un estudio publicado por Fedea, donde es director ejecutivo. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, la brecha es de 5.492 millones (de 19.862 millones hasta 14.370 millones).

La solidaridad económica en el reparto por parte de Madrid es el doble que la de Cataluña. Aunque también ha habido críticas al sistema de financiación autonómica por parte del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, sin ser tan beligerantes como las de la Generalitat. En este sentido, el comité de expertos designados por las comunidades autónomas del régimen común -salvo Cataluña, porque no ha querido- y Moncloa han enviado una propuesta a los ministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría, que tendrán que negociar con los ejecutivos autonómicos. Por ahora, la reforma está congelada, aunque Pedro Sánchez y Mariano Rajoy han acordado evaluar durante los próximos seis meses el modelo español de comunidades autónomas.

MEJORES CONDICIONES PARA CATALUÑA

En el boceto de los sabios, según estima De la Fuente en un informe, uno de los participantes, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana serán las regiones que más se beneficiarían en este nuevo reparto con 2.500 millones más tomando de referencia el reparto de 2015. En el caso catalán, con 470 millones de euros más tomando los datos de 2015 que suponen un incremento del 2,8%, hasta los 17.452 millones de euros.

Pero nada de esto parece ser suficiente para la Generalitat, que tomó la deriva independentista, como recordó ayer Mariano Rajoy en el Congreso, después de que Artur Mas se llevara la negativa para un concierto catalán a la vasca en 2012, aunque sí una partida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar a la Generalitat, que tiene como principal acreedor el Tesoro, con un 54% de la deuda emitida. El endeudamiento alcanza el 35% de su PIB, junto con otro 0,9% -2.010 millones- de sus empresas públicas, según cifras del Banco de España. Es decir, Cataluña es más dependiente que nunca del Estado, ya que con su calificación de ‘bono basura’ al nivel de Senegal o Nicaragua para S&P -también está por debajo del grado de inversión para Moody’s y Fitch-, se financia más barato que Estados Unidos. Moody’s, además, prevé que tenga cerrado el acceso al mercado de capitales al menos hasta 2019.

El concierto catalán, al que el Gobierno cierra la puerta, supondría un sobrecoste por parte del resto de España de hasta 16.000 millones de euros anuales, según estimaciones de De la Fuente. Misma cifra, curiosamente, que el expolio anual al que alude la Generalitat. Sin embargo, este cálculo se basa en mantener las mismas premisas para un hipotético concierto catalán que para el cupo vasco -lo que paga País Vasco por los servicios estatales en la región-, que según el investigador se estima sistemáticamente a la baja. Teniendo en cuenta que la renta per cápita catalana es menor que la vasca, el impacto positivo para Cataluña sería de 11.000 millones de euros anuales, aunque con una “valoración correcta” la cifra se reduce a 1.000 millones. Lejos de los famosos y repetidos 16.000 millones de euros.

En cualquier caso, los grandes inversores internacionales contemplan la posibilidad de que haya una mayor autonomía fiscal en Cataluña. Este es el escenario que mencionan grandes bancos como JP Morgan o Berenberg. También agencias de rating como Fitch o Moody’s: la relación política entre ambos gobiernos se mantendrá muy tensa, “lo que podría complicar los esfuerzos para llegar a un compromiso que responda al deseo de muchos catalanes de una mayor autonomía”, dice Moody’s. Lo anterior, también exigiría una mayor responsabilidad fiscal que la Generalitat no ha tenido.