España gasta 5.500 millones en políticas para combatir el paro que no funcionan

Esta herramienta consiste en desarrollar un modelo estadístico que cree perfiles de desempleados en función de sus características y la dificultad, por probabilidad, de que encuentren trabajo. “Así, la herramienta puede identificar carencias comunes en las que trabajar con un mayor grado de personalización y, finalmente, de efectividad”, expone José Ignacio García Pérez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, uno de los economistas que trabaja en el encargo que realizó a la fundación el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Pero por ahora sigue el método tradicional, es decir, el que no funciona. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen un aumento del 5,5% en la partida de fomento del empleo, hasta los 5.499 millones de euros. Dentro de esta cuantía, 1.868 millones corresponden a la bonificación en la contratación de trabajadores desempleados. La partida más importante, sin embargo, corresponde a actuaciones de carácter formativo, con 2.154 millones. A esta cifra hay que añadir 130 millones de euros para la recualificación profesional de las personas a las que se le ha agotado la prestación de desempleo (plan Prepara).

La economía española ha creado empleo en los dos últimos años con intensidad, con un ritmo cercano al del crecimiento del PIB. Pero pese a la caída del desempleo, la tasa de paro cerró en el 18,63% en 2016, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) -este mes se publica la del primer trimestre-. En total, hay aún 4,2 millones de desempleados, de los que más de 2,3 millones son de larga duración.

Así, sólo Grecia tiene un problema mayor con el desempleo que España en la Unión Europea. Y la inversión pública en fomento del empleo es reducida e ineficaz en comparación con otros países. El grueso del gasto en esta materia es con un fin pasivo, destinado a subsidios de desempleo. Mientras, la inversión en políticas activas apenas representa el 0,5% del PIB, en comparación con el 0,6% de Alemania, del 0,8% de Holanda o del 1,8% de Dinamarca, según estadísticas recopiladas por José Ignacio García Pérez. Estos países tienen, además, tasas de paro mucho más reducidas.

La inversión en políticas activas se distribuye en España principalmente en subvenciones a la contratación -a través de reducción de las cotizaciones- y en dinero para que las comunidades autónomas traten invertir para aumentar la empleabilidad de sus desempleados. En ninguno de los dos casos ha habido un éxito significativo.

El empresario tiene incentivos a despedir a quien haya contratado por la bonificación, con lo que a largo plazo el efecto es nulo o negativo

En cuanto a la bonificación de contrataciones, apenas hay datos para sustentar una conclusión sobre su efectividad, pero “la evidencia de estas políticas por parte de los gobiernos regionales entre 1997 y 2001 y a escala internacional, es que es una de las políticas de empleo menos beneficiosas a largo plazo”, sostiene García Pérez. El economista explica que lo observado en ejemplos anteriores es que cuando una empresa contrata a un trabajador por la subvención es a costa de otro empleado, con lo que “el efecto neto es cero”. Asimismo, cuando se termina la política, “el empresario tiene incentivos a despedir a quien haya contratado por las ayudas, con lo que a largo plazo el efecto es nulo o negativo”, agrega.

La realidad de las políticas destinadas a favorecer la empleabilidad de los desempleados no es mucho mejor. Al menos en España, donde los servicios públicos de empleo (SEPE, antiguo INEM) tienen una intermediación del 1%, según un estudio del año pasado de Randstad, o de alrededor del 2% según datos de 2015 y anteriores del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, apenas entre uno y dos desempleados de cada cien que encuentran trabajo es gracias al antiguo INEM.

GUIRIGAY AUTONÓMICO

Esta actividad es competencia de las comunidades autónomas, a las que este año el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinará 1.893 millones para este fin. Un 5% más que en 2016, aunque el crecimiento alcanzará el 12,7% hasta los 2.018 millones si finalmente se aprueban los presupuestos, según presumió la ministra Fátima Báñez en Semana Santa. Todas las regiones dispondrán de más dinero que en 2016 salvo Andalucía (ver tabla a continuación, con datos del Ministerio), donde el Ejecutivo de Susana Díaz ha manifestado que el recorte de fondos (del 3% hasta los 369,6 millones) es “un doble castigo”. Mientras que en Empleo defienden que se debe al sistema establecido de penalizaciones por falta de resultados.

En cualquier caso, y más allá del inevitable guirigay que se forma todos los años entre las comunidades y el Ministerio con este reparto, su eficacia es muy reducida. Según un estudio de García Pérez publicado por Fedea, el 91,4% de los desempleados no recibió ningún tipo de políticas activas de empleo. Y en los cuatro años anteriores, el porcentaje se situó entre el 89% y el 93%, entre una muestra aleatoria de 250.000 parados. “Es poco gasto para tantos parados”, explica el economista. De hecho, supone una inversión media de menos de 500 euros por cada desempleado.

Simancas: "Como mínimo, vamos a pedir que se llegue a los 7.329 millones presupuestados en 2011. Hay que mejorar la formación y las habilidades de los trabajadores, aumentando las capacidades del SEPE

En cuanto a la efectividad sobre los parados que sí reciben algún tipo de política, objetivo de este informe, la incidencia no es como para la complacencia. El autor del estudio analiza el incremento de probabilidad de encontrar trabajo en los trimestres posteriores a beneficiarse de algún tipo de ayuda. Hay cuatro grandes tipos: técnicas de búsqueda, que aumenta la probabilidad del 17,1% al 18,8% y es la más efectiva; orientación profesional, con impacto apreciable sólo en el trimestre en que se recibe; tutoría individual, con la que ocurre lo mismo; e itinerario personalizado, enfocado principalmente a parados de larga duración y con un efecto inferior a las metodologías anteriores. “Hay desconfianza generalizada, tanto entre los desempleados como en los empresarios, de que estas políticas generen valor añadido”, arguye Santiago Soler, secretario general de Adecco, que reclama una mayor colaboración público-privada como ocurre en otros países, una vía aún incipiente en España.

En el Ministerio recuerdan que son los gobiernos regionales “los encargados de llevar a cabo las políticas activas de empleo y desarrollar cursos o programas que se dirijan a los desempleados”. Desde el principal partido de la oposición, Rafael Simancas, portavoz del PSOE en el Congreso, cree que “no se puede achacar responsabilidad a las comunidades, que reciben poco dinero y tarde, y con requisitos predefinidos en el Ministerio. Hay que dar una vuelta al sistema entre todos”.

Simancas explica a ‘Bolsamanía’ que el grupo parlamentario socialista propondrá varias enmiendas a los presupuestos para incrementar la dotación para el gasto en el fomento del empleo. “Como mínimo, vamos a pedir que se llegue a los 7.329 millones presupuestados en 2011 -último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-. Hay que mejorar la formación y las habilidades de los trabajadores, aumentando las capacidades del SEPE”, sostiene.

Ciudadanos, partido que apoyó a Mariano Rajoy en su investidura y que votará a favor de la aprobación de los presupuestos en junio, argumenta que el aumento de fondos este año es positivo y que se necesitan “reformas de calado” con el objetivo de “reforzar la cartera de prestaciones, disponer de mejor información de nuestros desempleados, potenciar la atención personalizada o mejorar la eficacia de la formación para el empleo”, defienden desde el partido liderado por Albert Rivera.