Las empresas acogidas a un Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor tienen la obligación de mantener el empleo durante seis meses. Sin embargo, quedarán fuera de esto aquellas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores, un potencial cajón de sastre al que se podrá apuntar la mayoría de las empresas que se han acogido a un ERTE, a la vista de las negras predicciones para la economía.
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Así figura en el texto del acuerdo, según ha podido saber Bolsamanía, que ha firmado Gobierno junto a CEOE, UGT, CCOO y Cepyme y por el que se establece que los ERTE de fuerza mayor se alargan hasta el 30 de junio. Una situación de peligro de quiebra en la que se van a encontrar una gran cantidad de empresas como consecuencia de la crisis provocada por las limitaciones a las actividad aprobadas para hacer frente a la pandemia del Covid-19. La clave estará en qué criterios se considerarán para determinar quién está en riesgo de concurso y quién no.
Para el resto, la obligación de mantener el empleo durante seis meses desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla, se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones, tales como el despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado.
Hay que destacar que no todas las empresas podrán beneficiarse de la prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, ya que criterios como tener el domicilio en un país calificado como paraíso fiscal harán que queden fuera de poder acogerse a este mecanismo. Tampoco podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal en el que han aplicado los ERTE si las compañías solicitan alargar sus expedientes. En caso de que quieran hacerlo, tendrán que devolver el dinero correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social. Eso sí, esta limitación no será aplicable a las empresas que, a 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 trabajadores.
El acuerdo también contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE, que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia, se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. Asimismo, a partir del desconfinamiento se facilitará la transición de ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción y se permitirá que estos últimos se tramiten mientras estén vigentes los primeros.
ERTE MÁS ALLÁ DEL 30 DE JUNIO
Si después del 30 de junio hay sectores que siguen afectados, "se van a prorrogar los ERTE y se va a dar protección a los trabajadores", ha asegurado este viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esto supone que se creará una comisión formada por Gobierno y agentes sociales que estudiará su extensión por sectores a partir de julio.
Actuará como un "mecanismo de validación para los sectores que necesiten ayuda una vez se propicie el estado de alarma". Se celebrará de manera quincenal y se examinará "de una manera más pautada" los sectores para ir percibiendo cómo se encuentran, teniendo en cuenta, a través de un trabajo "muy minucioso", los datos económicos y de su actividad. "Vamos hay ir viendo con cautela sector por sector y vamos a ir adecuándonos a sus necesidades", ha dicho la ministra.
