El PSOE quiere cambiar la ley para asegurar que al menos las empresas de determinados sectores, como los bancos, las empresas de telefonía o de energía, cuenten con números gratuitos de atención telefónica al consumidor.
Concretamente, el PSOE quiere que estos números sean obligatorios en servicios de suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, financieros, postales, transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y sanitarios, servicios que a efectos de la normativa de protección al consumidor se considerarían "servicios básicos de interés general".
La formación que sustenta al Gobierno ha propuesto este cambio en una de sus enmiendas, recogida por Europa Press, al proyecto de ley de modificación a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se traspone la directiva comunitaria relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.
Actualmente, la legislación establece que el uso de esta asistencia no puede suponer al consumidor un coste superior a la tarifa básica
LA LEY ACTUAL OBLIGA A UNA LÍNEA CONVENCIONAL
Actualmente, la legislación establece que el uso de esta asistencia no puede suponer al consumidor un coste superior a la tarifa básica, lo que obliga a las empresas a ofrecer una línea de teléfono convencional, con coste para el consumidor.
La propuesta de los socialistas pasa por que las líneas telefónicas que ofrezcan las empresas correspondan a un número de teléfono geográfico, pero que en los citados "servicios básicos de interés general" las empresas prestadoras deban disponer de un teléfono de atención gratuito. Este teléfono, apostilla el PSOE en su enmienda, contará con "atención personalizada, sin reenvíos a otros sistemas de atención al consumidor y con un tiempo de espera no superior a un minuto".
RIESGO DISUASORIO POR TRABAS A LAS RECLAMACIONES
Los socialistas justifican esta modificación en la práctica generalizada de las empresas que prestan servicios básicos de interés general, denuncian, en ofrecer líneas de atención con tarifas especiales (901, 902 y similares), "objeto de numerosas quejas y reclamaciones de consumidores y sus organizaciones", apostillan.
En este sentido, lamenta del "peligro de carácter disuasorio, y por tanto perverso" que existe en el hecho de que el consumidor encuentre "trabas y gasto a la hora de plantear reclamaciones" pues puede llevarle, argumentan "a desistir de sus derechos, cuando estos deben ser de absoluta protección".
Por ello, defienden prohibir prácticas tales como "la gestión ineficaz o desleal de las reclamaciones al multiplicar el número de llamadas, alargar los períodos de espera o utilizar reenvíos que dilatan los tiempos de resolución o escucha", pues consideran que "suponen un perjuicio para el consumidor".