- Si se descuentan las partidas automáticas de pensiones y desempleo, el aumento es del 1% hasta los 33.391 millones de euros
- Se incrementa en partidas como sanidad, educación o fomento del empleo y cae en cultura, gestión y administración de la Seguridad Social o acceso a la vivienda y fomento de la edificación
El gasto social es uno de los conceptos más repetidos en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llevada a cabo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El desembolso en gasto social alcanzará los 191.356 millones de euros según el borrador que se votará tras las enmiendas en el Congreso de los Diputados en mayo.
Esta cifra supone el 55,8% de los gastos totales de los PGE, que alcanzan los 343.102 millones de euros. El gasto social se eleva un 1,7% respecto al año pasado, y la ratio pasa del 53,5% hasta el 55,8%. No obstante, el dato está inflado por desembolsos automáticos como son los de subsidio de desempleo y pensiones. En el primer caso se reduce por la caída progresiva del paro, y en el segundo aumentan por el envejecimiento de la población principalmente, ya que el aumento de las pensiones será de un raquítico 0,25%.
El gasto previsto en pensiones proyectado por el Ejecutivo es de 139.647 millones de euros, un 3,1% más que los 135.449 millones de 2016 (ver cuadro al final del texto). El borrador vuelve a poner el acento en el reto demográfico de la economía española, ya que las pensiones suponen ya un 40,7% de los gastos presupuestados.
Por otro lado, el desembolso en prestaciones y subsidios por desempleo se reduce desde los 19.621 hasta los 18.318 millones de euros, siendo la segunda partida más importante dentro del concepto de gasto social en la presentación de los Presupuestos, tras entregar el proyecto de ley a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
En ambos casos su evolución es automática si no hay cambios normativos, ya que depende del número y características de los desempleados y de los pensionistas. Sin estas variables, el gasto social considerado por el Gobierno es de 33.391 millones de euros, lo que supone un 1% más que los 33.065 millones del año anterior.
¿EN QUÉ PARTIDAS AUMENTA Y EN CUÁLES CAE EL GASTO SOCIAL?
Dentro de este dato agregado, aumenta el gasto en Sanidad y en Educación en un 2,3% y un 1,7% respectivamente hasta los 4.093 millones y 2.525 millones. Por su parte, se reduce en Cultura en un 0,7% hasta los 801 millones, dentro del segmento de 'producción de bienes públicos de carácter preferente', cuyo saldo es de un incremento del 1,8% hasta los 7.420 millones.
Por otro lado, el grupo de gastos para 'actuaciones de protección y promoción social' aumentan un 1,7% hasta los 183.936 millones. En este caso, además de pensiones y desempleo, se encuadran el gasto en servicios sociales y promoción social, que aumenta un 0,7% hasta los 2.407 millones de euros; el fomento del empleo, con un crecimiento del 1,6% hasta los 5.499 millones; el acceso a la vivienda y fomento de la edificación, con una caída del 20,6% hasta los 466 millones; o la gestión y administración de la Seguridad Social, que disminuye un 31,6% hasta los 4.096 millones.
Son unos presupuestos que “impulsan la creación de empleo, que fortalecen la cohesión social, que refuerzan el crecimiento económico y la competitividad, y son para reducir el déficit público”, ha asegurado Cristóbal Montoro. El PP cuenta con el apoyo en el Congreso de sus 137 diputados, de los 32 de Ciudadanos y del voto de Coalición Canaria. Una suma asegurada de 170 votos a los que se podrían unir los cinco de PNV y el de Nueva Canarias.
Tras la presentación de hoy, el proyecto del Gobierno será publicado este jueves en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y ese mismo día expira el plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el objetivo de que expliquen las cuentas. Las comparecencias tendrán lugar entre el 24 y 28 de abril, después de Semana Santa. Mientras que las enmiendas se podrán registrar hasta ese mismo 28 de abril. La primera votación se celebrará el 4 de mayo, mientras que se calcula que su aprobación podría llegar el 1 de junio.
