El Pacto de Toledo volverá al trabajo con 170 euros perdidos para cada pensionista en 2017

Esta semana, la presidenta de la comisión, Celia Villalobos, y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, tienen previsto acordar una nueva fecha. En principio, el próximo encuentro contará con la presencia del director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro, para analizar la evolución del Fondo de Reserva tras la disposición que realizó el Gobierno en junio y que no será la última, ya que para pagar la extra de diciembre tendrá que volver a tirar de la hucha -que acabará el año en apenas 7.000 millones- y agotar el préstamo de 10.192 millones de euros del Tesoro.

El objetivo del Pacto de Toledo es diseñar unas recomendaciones comunes entre los grupos políticos del Congreso que aborden los retos de suficiencia -mantener el nivel de vida de los pensionistas- y sostenibilidad -que el sistema sea autosuficiente- para que el Ministerio de Fátima Báñez elabore una reforma que, finalmente, pase por el Parlamento. Algo que ya no llegará para los próximos PGE, con lo que el Ejecutivo tendrá que incluir una fórmula para financiar un agujero de más de 15.000 millones de euros el año que viene. El desafío, ahora, pasa por que estén listas para los presupuestos de 2019.

Aun así, para los españoles aún no es un problema prioritario. Al menos, no en el CIS, donde sólo para el 3,9% de los encuestados está en uno de los tres principales problemas que existen actualmente en España. Pero los números asustan. Cada pensionistas ha perdido de media casi 170 euros de poder adquisitivo en 2017.

Es decir, la revalorización legal del 0,25% se queda por debajo del IPC, que promedia un 2,1% interanual este año -contando dos veces el dato de julio por la extra-. Así, para una pensión de 1.000 euros en 2016, la subida en 2017 ha sido de 2,5 euros por cada desembolso de la Seguridad Social, frente a la media de 21 euros que habría correspondido según la inflación. En las nueve pagas que van del año, la brecha para el bolsillo de los pensionistas asciende a 166,5 euros. Esta tendencia se mantendrá durante los próximos años. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pronostica que las alzas del 0,25% seguirán al menos hasta 2022 con el cálculo que se introdujo en 2013, que depende del déficit del sistema, el envejecimiento de la población y los resultados anteriores. Otros estudios de organismos como Fedea o Inverco apuntan a que las pensiones estarán casi congeladas en las próximas cinco décadas.

La cifra de 1.000 euros está entre la pensión media del sistema de 922 euros -contando jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares- y el promedio de la pensión por jubilación, que se situó en agosto en 1.066 euros. Esta es la más numerosa, ya que hay 5,8 millones de pensiones por jubilación frente a los 9,5 millones del sistema.

PROTESTAS SOCIALES

UGT: "Va a cumplirse un año del trabajo del Pacto de Toledo y no hay nada, sólo el miedo que se mete sobre el futuro de las pensiones mientras estas se recortan"

Esto es lo que ha motivado que los dos sindicatos mayoritarios hayan preparado una serie de movilizaciones para otoño. Se trata de marchas “por unas pensiones dignas” a lo largo de todo el país entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre en la que las dos organizaciones tratarán de movilizar a los jubilados vinculados y a sus trabajadores. “Va a cumplirse un año del trabajo del Pacto de Toledo y no hay nada, sólo el miedo que se mete sobre el futuro de las pensiones mientras estas se recortan. Por eso queremos hacer ruido, porque Rajoy sólo ha reconocido a Bruselas el recorte de las pensiones, pero no a los españoles”, señala Mari Carmen Barrera, secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT. “Ha habido una quiebra en el Pacto de Toledo tras la reforma unilateral de 2013 -en la que el Ejecutivo desvinculó las subidas del IPC-, la primera desde 1995”, añade Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO.

En estas iniciativas participarán también el PSOE y Unidos Podemos. Ambos partidos son los más beligerantes en el Pacto de Toledo al exigir, entre otros cambios, que las pensiones vuelvan a revalorizarse con el IPC. Ambas formaciones presentaron una interpelación en julio para que Báñez acuda al Congreso en septiembre en debates sobre pensiones y sobre el desarrollo y aplicación de una iniciativa europea de garantía juvenil.

Precisamente, la ministra volvió a escena la semana pasada hablando de una “primavera del empleo” ante una “recuperación sólida, sana y social”. “Si fuera así, no tendríamos ningún problema con las pensiones”, asegura Magdalena Valerio, secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE. “Queremos pedir información sobre qué medidas piensan tomar para cubrir déficit y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones”, añade sobre la interpelación.

NECESIDAD DE ENTRE 67.000 Y 87.000 MILLONES

La falta de medidas durante años ha conducido a las arcas de la Seguridad Social a enfrentarse a una crisis que ha reducido drásticamente los ingresos -cotizaciones sociales- mientras que se disparan los gastos. En este caso, hay dos razones. Una es el envejecimiento de la población y el incremento del número de pensionistas. La otra, que los nuevos jubilados tienen derecho a una pensión mayor. Los pensionistas de entre 60 y 64 años cobran, en promedio, 1.179 euros; entre 65 y 69 años, 1.160 euros; y entre los 70 y los 74, 1.028 euros. Son los únicos tramos de edad en los que la pensión media sobrepasa los 1.000 euros.

Tanto los sindicatos como PSOE y Unidos Podemos plantean desviar gastos de la Seguridad Social a los presupuestos. Por ejemplo, los gastos corrientes -casi 4.000 millones de euros por año- del funcionamiento del Ministerio, como ocurre con otros. Este punto es uno de los pocos en los que hay consenso en el Pacto de Toledo. Otras opciones no están tan claras, como dejar de financiar desde la Seguridad Social las bonificaciones a la contratación o elevar los ingresos con medidas como destopar las cotizaciones máximas. “Hay muchas posibilidades que se pueden analizar, como el ejemplo de Francia, que en los años 90 creó un impuesto solidario para las pensiones”, asegura Valerio.

Por ahora, sin medidas el Gobierno contempla un déficit acumulado de la Seguridad Social de 67.000 millones de euros durante los próximos cinco años que la AIReF amplía a 87.000 millones de euros. A largo plazo, los expertos creen que este agujero se irá aliviando con la última reforma. Eso sí, a costa del bolsillo de los pensionistas.