El Gobierno ha asegurado este martes que la legislación sobre los activos fiscales, que recoge los créditos diferidos, sea una ayuda pública encubierta. Esta respuesta se produce a raíz de una investigación abierta por la Comisión Europea a España, Grecia, Italia y Portugal.
A finales de 2013, el Gobierno aprobó una ley para que las entidades salvaran en torno a un 60% de los activos fiscales diferidos (DTA) en sus balances, un total de unos 30.000 millones de euros. En declaraciones a la agencia Efe, fuentes del Ministerio de Economía han afirmado que en ningún caso la revisión esta ley supone una ayuda pública al sector financiero.
El cambio legislativo permitió a las entidades españolas continuar contabilizando una parte de estos activos como capital de primera calidad de cara a los test de estrés del Banco Central Europeo y de la entrada en vigor de la Unión Bancaria.
El departamento que dirige Luis de Guindos recuerda que la nueva legislación se puso en marcha para que los bancos estuvieran en las mismas condiciones que sus competidores europeos, ya que los DTA existen en casi todos los países miembros de la UE. Desde Economía recuerdan que la ley no se aplica únicamente al sector financiero, sino a todas las empresas que se encuentren en situación de aprovecharla.
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