El Gobierno estudia alargar el teletrabajo dos meses más. Esta medida busca evitar que las oficinas y los centros de producción se vuelvan a llenar de trabajadores el día después del levantamiento del estado de alarma, lo que aumentaría el riesgo de contagios. Además, el Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar más medidas económicas ante la pandemia.
Esta medida está sobre la mesa y podría aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes o ver la luz más adelante, ya que aún no se ha cerrado un texto definitivo. Esto supondría que las empresas que actualmente mantienen la actividad de sus trabajadores a través de herramientas telemáticas, tendrían que seguir haciéndolo.
El teletrabajo ha sido la gran apuesta del Gobierno desde que se declaró el estado de alarma. De hecho, cuando acabó el permiso retribuido recuperable para los servios no esenciales, desde el Gobierno se repitió en más de una ocasión que solo afectaba a aquellas personas que no pueden realizar sus trabajos desde casa.
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Una iniciativa a la que se va a sumar el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja ha recomendado a su personal que, mientras que mantenga la situación actual por la pandemia del coronavirus, deberán primar el teletrabajo y, en aquellos puestos en los que sea imprescindible una actividad presencial se deberá mantener la distancia de seguridad, pero no se generalizará, al menos por ahora, el uso de mascarillas.
Así, se establece que la entrada al trabajo deberá hacerse de forma escalonada para evitar aglomeraciones, que se debe mantener una distancia interpersonal de al menos dos metros, mientras se trabaja y en las zonas comunes, así como que hay que primar las relaciones telemáticas sobre la visita a los despachos. Si se mantienen las distancias fijadas no será preciso utilizar mascarilla, salvo en el caso del personal que atiende al público y de los sanitarios que trabajan en la institución, que deberán llevar también guantes.
MÁS MEDIDAS ECONÓMICAS
El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar más medidas económicas, complementarias a las ya puestas en marcha, para limitar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus. Además de prorrogar durante dos meses que el teletrabajo sea prioritario, está el derecho de los trabajadores a adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.
En el Real Decreto-ley de 17 de marzo, el Gobierno señalaba su intención de velar por las personas que tienen dependientes a su cargo, de hasta un segundo grado de consanguinidad, para que puedan organizar su tiempo de trabajo de la manera más satisfactoria y poder atender sus obligaciones de guarda y cuidado.
La norma considera como causa excepcional las decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales que impliquen el cierre de centros educativos o de cualquier naturaleza. De este modo, se establece en dicho artículo que las personas trabajadoras puedan reducir hasta el 100% de su jornada o reorganizarla para poder afrontar este cierre de centros educativos o centros sociales de atención.
A este derecho pueden acogerse trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad, hasta el segundo grado. La reducción de jornada debe comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Esta, según el Gobierno, "es una medida fundamental para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad y se entenderá como el derecho individual de cada uno de los cuidadores". "Las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera justificada, razonable y proporcionada para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se limitarán a la duración del periodo excepcional", recoge el Real Decreto de 17 de marzo.
Por otro lado, el Gobierno baraja aprobar medidas relacionadas con la financiación de pymes y autónomos, de protección a las personas que durante la pandemia han sido despedidas en periodo de prueba, así como la posibilidad de que las empresas de sectores esenciales puedan presentar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la parte de su actividad no considerada esencial, según un borrador de Real Decreto-ley, no definitivo, en el que están trabajando varios Ministerios.