- La Generalitat mantiene el grado de intervención decretado en 2015 por Cristóbal Montoro
Las cuentas de la Generalitat de Cataluña han regresado al status que tenían antes del choque de trenes entre el Estado y el Govern catalán que acabó con la imposición del artículo 155. En su toma de posesión, el nuevo conseller d’Economia, Pere Aragonés, ha asegurado que su departamento recupera el control de los pagos de la administración autonómica y ya no tendrá que informar de los gastos semanalmente. Pero sí deberá enviar informes cada mes, como lo venía haciendo sus predecesores, Andreu Mas-Colell y Oriol Junqueras, desde 2015.
El fin del control de la Generalitat por parte del Gobierno, que se ha producido de forma automática con la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Quim Torra, ha supuesto también el de la última intervención que impuso el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. En septiembre y ante el inminente referéndum del 1-O, el ministro saliente tomó las riendas de las cuentas y ordenó la entrega de informes semanales a la interventora del ente autonómico, que sólo en el último trimestre de 2017 afectaban a 5.000 millones de euros de presupuesto. Esta medida se reforzó con la imposición del ya citado artículo constitucional.
No obstante, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmado que el control anterior, que se mantiene desde hace tres años, seguirá vigente, pese a las peticiones de Aragonès. El flamante conseller había reclamado que se retirara pero Ábalos ha respondido, en declaraciones a Antena 3, que las cuentas seguirán “intervenidas”, haciendo alusión a las medidas ligadas al control del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que impuso Montoro, con la connivencia del entonces conseller d'Economia Andreu Mas-Colell. En todo caso, Ábalos ha añadido que las medidas tomadas en “momentos excepcionales” se tendrán que ir adaptando a la “recuperación de la normalidad”.
DE VUELTA AL CONTROL DEL FLA
Desde que en noviembre de 2105 se aprobó la orden ministerial para evitar que la liquidez del FLA se pudiera emplear para financiar el independentismo, los funcionarios de la Generalitat informan escrupulosamente de sus movimientos al Estado. Así, envían a Hacienda cada mes y cada trimestre información como el estado de la tesorería con la situación de los pagos, el grado de implementación de las medidas de ingresos y gastos acordados, el nivel de deuda, los vencimientos o los pagos diferidos pendientes.
La frecuencia de este escrutinio se incrementó a semanal en septiembre de 2017, cuando el Gobierno asumió en control total de los pagos de la administración catalana. Pero ahora los funcionarios deberán volver a informar mensualmente de sus actividades económicas. En definitiva, lo que ha confirmado Ábalos es exactamente lo mismo que en su día apuntó el exministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y que asegura a quien sea el nuevo titular de la Agencia Tributaria el control sobre el 95% de los ingresos del Gobierno catalán.
Entre los requisitos que se mantendrán en vigor constan: la obligación de destinar de forma prioritaria los recursos recibidos del Estado (FLA y sistema de financiación) al abono de facturas de los servicios públicos.
Además, el interventor de la comunidad deberá volver a remitir a Hacienda una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana, de sus empresas y organismos y facilitar mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior, para garantizar su cumplimiento.
Otro requisito para Cataluña era el de interconectar su registro contable con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), para conocer y permitir la trazabilidad de todas las facturas, simultáneamente a su apunte en el registro.
OTRAS PETICIONES A SANCHEZ
Al margen del control de las cuentas, Aragonès ha considerado que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "muchas oportunidades" para hacer gestos de acercamiento con Catalunya. En una entrevista este lunes en TV3 recogida por Europa Press, ha indicado que puede trasladar a los políticos presos a cárceles de Catalunya ya que es una decisión que depende de Instituciones Penitenciarias, y la Fiscalía General del Estado podría pedir su liberación: "No le estamos pidiendo nada que no pueda hacer".
Además, ha apuntado que también "tiene la oportunidad de no poner trabas" a la restitución de leyes sociales aprobadas por el Parlament que el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional.
