El Gobierno compra tiempo con las pensiones de viudedad: un parche que no soluciona el problema

La ecuación es sencilla. En vez de que pague la Seguridad Social, se financiaría con los Presupuestos Generales del Estado. Los ciudadanos seguirán siendo los que paguen, aunque desde distinta vía y con diferentes connotaciones. Mientras que las cuentas con Bruselas y sus exigencias no cambian.

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, puso esta posibilidad encima de la mesa hace dos semanas durante su intervención en la comisión de los Pactos del Toledo, en la que presumió de sostenibilidad y fortaleza del sistema de pensiones, precisamente lo que los expertos cuestionan. De hecho, hay cierto consenso en que la hucha se agotará a lo largo de los dos próximos años si no cambia nada sustancialmente.

Junto a las pensiones de viudedad, también pasarán a impuestos las de orfandad, aunque su impacto en las cuentas de la Seguridad Social es mucho menor. La primera supuso el 1 de diciembre 1.513 millones de euros, y la segunda 127 millones. Es decir, el 17,6% y el 1,5% respectivamente del desembolso total de 8.598 millones de euros.

Cambia la naturaleza de la prestación, que deja de ser contributiva. Y se expone a que en unos años haya presiones para aliviar el déficit, con más impuestos o con menos gasto

“Que se paguen estas pensiones por presupuestos o con cotizaciones es irrelevante para las personas que lo reciben”, aseguró al respecto el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. Pero sí es importante la forma en que se financie el déficit. Mientras que en el de la Seguridad Social se hace tirando del Fondo de Reserva -creado originalmente para la jubilación futura de la generación del 'baby boom' pero que se ha vaciado entre dos y tres décadas antes-, el del Estado se financia con emisión de deuda pública.

“Es pasar el gasto de un sitio a otro sin tocarlo y acometer el problema. No tiene sentido, a no ser que se realice el cambio como un primer paso para que sea políticamente más fácil recortar estas pensiones en el futuro”, opina Diego Valero, presidente y fundador de Novaster y profesor de la Universidad de Barcelona. “Cambia la naturaleza de la prestación, que deja de ser contributiva. Y se expone a que en unos años haya presiones para aliviar el déficit de las administraciones públicas, ya sea con más impuestos o con menos gasto. Es decir, bajando estas pensiones”, agrega en la misma línea Gregorio Gil de Rozas, experto en pensiones de la consultora Willis Towers Watson. Una opinión que es generalizada. "No se resuelven los problemas estructurales del sistema y se abre una vía para que se reduzcan", advierte Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco y uno de los expertos que compareció la semana pasada ante la Comisión del Pacto de Toledo. "Es un parche parcial que puede ser suficiente unos años, pero no en el medio y largo plazo", agrega.

DOS PROBLEMAS GRAVES

Los economistas hacen referencia a dos problemas: uno de sostenibilidad a corto plazo y otro de adecuación a largo plazo. “El problema de sostenibilidad está arreglado con la última reforma en pensiones a largo plazo, y con esto se solucionaría a corto plazo”, señala Valero. Eso es lo que dicen los números. En los 11 primeros meses del año la Seguridad Social ha desembolsado ya más de 16.000 millones de euros en pensiones por viudedad, y otros 1.400 millones por orfandad. Teniendo en cuenta las pagas extra, el gasto superará los 21.000 millones de euros en un año, una cifra que se ahorrará la Seguridad Social si se aprueba esta medida, que en todo caso según Báñez se ejecutaría de forma progresiva.

A largo plazo, si se alivian las cuentas de la Seguridad Social al quitar las pensiones de viudedad, el efecto es neutro porque sin déficit las pensiones se revalorizan en mayor medida

Sin embargo, a largo plazo “es como una burbuja que sigue creciendo, y que se desinfla puntualmente, pero que acabará estallando. Es un parche que no soluciona el problema”, señala Valero respecto a lo que llama un problema de adecuación. Es decir, que el poder adquisitivo de los futuros pensionistas se reducirá drásticamente después de que la última reforma del PP desvinculara su revalorización de la inflación. En términos reales -descontando la inflación-, Towers Watson estima que las pensiones caerán durante las próximas cuatro décadas un 25%. Por su parte, un informe de la Unión Europea en cuya elaboración participaron funcionarios españoles prevé que la tasa de reemplazo o sustitución -mide el valor de la pensión respecto al último salario recibido- pasará del 79% actual hasta el 49,9% en 2055.

No obstante, si se aprobara esta medida podría tener una incidencia en la revalorización de las pensiones. Como el déficit de la Seguridad Social es una de las variables que se incluyen en el cálculo -junto con la esperanza de vida, la referencia de las últimas revalorizaciones o el crecimiento del número de pensionistas-, al reducirse o eliminarse aliviará la reducción esperada de las pensiones en términos reales. Este efecto será de 2.500 millones de euros anuales a largo plazo en el gasto "si se traspasa todo de una vez", según las estimaciones del Instituto de Investigación Polibienestar, explica el economista y profesor de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa Carpio. Así, a su juicio a la larga el efecto "será neutro". Aunque a corto y medio plazo, "si pasaran a financiarse totalmente con impuestos, se revertiría la situación (vaciamiento del Fondo de Reserva). Si bien es difícil decir cuánto tiempo se mantendría el superávit", añade. Además, prosigue el economista, "lo lógico es que el traspaso se haga paulatinamente. Si se hiciera, por ejemplo, en 10 años, tardaría bastante en anularse el déficit y la hucha de las pensiones se acabaría de forma rápida".

CADA VEZ MENOS PESO

El proyecto presupuestario que presentó el Gobierno a Bruselas en octubre consta de una previsión de déficit de la Seguridad Social de 18.000 millones de euros para este ejercicio. Un 1,7% del PIB que supone un récord. Sin embargo, las pensiones de viudedad tienden a ser cada vez menores. “La esperanza de vida es mayor y las muertes tempranas se reducen, con lo que tienden a moderarse”, explica Valero. En este sentido, durante la última década el peso sobre el total ha pasado del 20% hasta el 17,6%, con un crecimiento del 43% del gasto frente al 62% del conjunto de las pensiones. Asimismo, el número de pensiones por viudedad ha pasado desde los 2,112 millones en 2006 hasta los 2,363 millones en 2016. Un 7% más que contrasta con el aumento del 15% de las pensiones hasta los 9,458 millones. Las de orfandad, por su parte, las recibieron en noviembre un total de 338.793 personas.

Los datos ponen el acento en el peso cada vez menor de estas pensiones, que si se cumplen las recomendaciones de los expertos tenderán a reducirse aún más. “Las pensiones de viudedad han cubierto una necesidad social, ya que antes era habitual que sólo un miembro de la unidad familiar trabajara. Pero con la positiva incorporación de la mujer al mercado laboral ya no hay tanta necesidad. En muchos casos hay rentas suficientes, y en otros patrimonio”, expone Gregorio Gil de Rozas. “Podría establecerse una ayuda durante un tiempo, pero cada vez es menos razonable que se pague una pensión vitalicio para alguien que tiene ingresos suficientes”, añade Valero. Y la medida del Ejecutivo va en la misma dirección. Facilitar meter la tijera en el futuro.