- Hacienda sitúa la cifra 1.497 millones de euros por encima de la de 2017
- Los objetivos comprometidos con Bruselas fijan un déficit público del 2,2% para 2018
- El Gobierno también aprobará los objetivos de estabilidad para los años 2018-2020
El Consejo de Ministros extraordinario de este lunes dará luz verde al límite de gasto no financiero de 2018, conocido como techo de gasto, que rondará los 120.000 millones de euros y es el prólogo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, así como la actualización del cuadro macroeconómico, que incluirá una revisión de tres décimas al alza de la previsión de crecimiento del Gobierno para este año, hasta el 3%.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó el viernes en Polonia que el Ejecutivo revisaría en tres décimas al alza, hasta el 3%, la estimación de crecimiento para 2017, si bien el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, adelantó con anterioridad que se actualizarán las previsiones tanto de este año, como de 2018, que contempla un alza del PIB del 2,5%.
Hacienda sitúa la cifra del techo de gasto 1.497 millones de euros por encima de la de 2017
Junto a la actualización del cuadro macroeconómico, el Gobierno aprobará el techo de gasto. Hacienda ha propuesto subir un 1,3% el techo de gasto de 2018, hasta llegar a los 119.834 millones de euros, con lo que sitúa la cifra 1.497 millones de euros por encima de la de 2017, que se cerró en 118.337 millones, según señalaron a Europa Press fuentes de la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.
No obstante, Montoro solo ha detallado que el techo de gasto no crecerá más del 2,3% que marca la regla de gasto, y ha apelado al diálogo con todos los grupos parlamentarios para recabar apoyos al límite de gasto no financiero, aunque ha llegado a afirmar ya que Hacienda contaba con los "apoyos necesarios" para que vea la luz.
En total, confía en contar con unos 1.500 millones más, lo que contribuiría a asegurar el recorte del déficit desde el 3,1% del PIB previsto para este año hasta el 2,2% comprometido para 2018 con Bruselas, y asegurar así que España saldrá el próximo año del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde 2009, ya que los 'números rojos' se situarían por debajo del 3% por primera vez desde el inicio de la crisis.
El aumento del techo de gasto permitiría además no tener que recortar ninguna partida social, como educación, sanidad o servicios sociales y, al mismo tiempo, gracias al aumento del 7,9% de los ingresos tributarios previsto para este año, cumplir con el déficit e incluso acometer alguna bajada de impuestos de cara al año que viene.
Los objetivos comprometidos con Bruselas fijan un déficit público del 2,2% para 2018, distribuido entre un 1,2% en la Seguridad Social, un 0,7% en la Administración Central y un 0,3% para las comunidades autónomas, frente al equilibrio que alcanzarán de nuevo las corporaciones locales.
De esta forma, tras salir del procedimiento de déficit excesivo el próximo año, el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones pactado para 2019 se sitúa en el 1,3%, repartido entre la Seguridad Social (1%) y la Administración Central (0,3%) y con equilibrio presupuestario en comunidades autónomas y entidades locales.
Montoro se ha encontrado con el rechazo del PSOE y exigencias por parte de Ciudadanos al negociar el techo de gasto
LAS NEGOCIACIONES
Durante la negociación llevada a cabo por Montoro en las últimas semanas para recabar apoyos para el techo de gasto, el titular de Hacienda se ha encontrado con el rechazo del PSOE y exigencias por parte de Ciudadanos, a pesar de que ambas formaciones apoyaron los objetivos de déficit y de deuda de este año.
De hecho, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera todas las comunidades autónomas del PSOE, junto a Cataluña, votaron el contra de los objetivos propuestos por Hacienda y escenificaron su malestar por el "coqueteo" con Ciudadanos sobre una posible bajada del IRPF y la inflexibilidad en cambio respecto al déficit autonómico y la regla de gasto.
De su lado, Ciudadanos ha condicionado su apoyo al techo de gasto a que el Gobierno apruebe una reducción del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) y continúe aplicando medidas comprometidas para la investidura de Mariano Rajoy. El jueves Montoro ya anunció tras el CPFF que Hacienda está trabajando en identificar algunas deducciones en el IRPF para el año que viene, eso sí, con "extrema prudencia" para no perjudicar los objetivos de déficit público.
MANTIENE EL DÉFICIT AUTONÓMICO EN EL 0,3%
Junto con el techo de gasto, el Gobierno aprobará los objetivos de estabilidad para los años 2018-2020, con el horizonte de rebajar al 2,2% del PIB el déficit de 2018, y que llegarán en conjunto al Congreso para su aprobación en sesión plenaria el próximo 11 de julio y esa misma semana al Senado.
La fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda de las CCAA, así como de los ayuntamientos, es requisito previo a la aprobación del techo de gasto que determinará los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas, acordó el pasado jueves mantener el objetivo de déficit autonómico del 0,3% para 2018 y registrar estabilidad presupuestaria (déficit cero) tanto en 2019 como en 2020.
Asimismo, los objetivos de deuda pública del conjunto de CCAA fijados son del 24% para 2018 (cuatro décimas más que lo acordado en diciembre), el 23,1% para 2019 (cuatro décimas más que en diciembre) y el 22,3% para 2020.
Para las entidades locales, en la reunión del lunes de Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) se acordó que seguirán con el objetivo del equilibrio presupuestario después de cinco ejercicios consecutivos de superávit, mientras que su objetivo de deuda pública es del 2,7% del PIB en 2018, el 2,6% en 2019 y el 2,5% en 2020.
Sabiendo ya los límites de deuda y de gasto, el Gobierno podrá empezar a preparar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que deberán presentarse en el Congreso ante del 30 de septiembre.
